Un exasesor estrecha el cerco sobre Aguirre en el ‘caso Púnica’

Germán Rasilla, exasesor de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, estrechó este lunes el cerco sobre la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en la trama corrupta de Púnica. Rasilla manifestó ante el juez instructor que tras su nombramiento en 2004 por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, recibió la orden de que todos los contratos de publicidad debían pasar por la Consejería de Presidencia, aunque ha incidido en que todos los que se firmaron se ejecutaron realmente.

El técnico autonómico explicó al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal y a la Fiscalía Anticorrupción que el sistema de funcionamiento era someter todos los contratos de publicidad e imagen a consideración de la Dirección General de Medios que dirigía Isabel Gallego, persona considerada próxima a la expresidenta Esperanza Aguirre, a quien no llegó a mencionar. Según relatan a este periódico fuentes presentes en la declaración, Rasilla afirmó que Gallego le dio la orden de adjudicar a dedo los contratos de publicidad a Over Marketing, empresa de Daniel Horacio Mercado que trabajaba para el Partido Popular de Madrid.

El exasesor negó que se produjera ninguna irregularidad en la ejecución de los contratos de publicidad, los cuales, sostuvo, fueron correctamente visados por los funcionarios de la Comunidad y sometidos a un doble control, el técnico de la propia consejería y el de la constructora adjudicataria. Asegura así que no hubo pagos por servicios inexistentes ni, por tanto, facturación falsa en lo que de él dependía.

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En cuanto al 1% del valor del contrato que se exigía a las adjudicatarias emplear en publicidad e información del mismo, se ha desmarcado de irregularidad alguna y ha asegurado que así se ahorraba dinero al erario público, puesto que no era la consejería de turno, sino la empresa adjudicataria de la obra la que tenía que asumirlo. La investigación del caso Púnica ha puesto de relieve que las empresas acababan inflando los contratos para absorber ese porcentaje destinado a publicidad y que se sospecha que acababa en parte en las arcas del PP madrileño.

El papel del ente público en esta ecuación, según señaló, era comprobar que el trabajo efectivamente se realizaba, sin que interviniese en la elección de las empresas a las que recurría el adjudicatario para ponerlo en marcha, siempre según las mismas fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

Otros cuatro ex altos cargos de la Comunidad de Madrid pasaron este lunes ante el juez, aunque uno de ellos, el exviceconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid Alejandro Halfter, se acogió a su derecho a no declarar alegando que no conocía las actuaciones.

Sí prestaron declaración, además de Rasilla, la funcionaria Rosario Jiménez; Almudena Pérez Hernando, exdirectora del Servicio Madrileño de Salud, y Carlos Rivero, consejero delegado de Gedesma, la empresa de gestión y desarrollo de medio ambiente de la Comunidad de Madrid. Todos coincidieron en defender la regularidad de las adjudicaciones, así como en expresar su malestar por haber sido llamados como investigados cuando, inicialmente, prestaron declaración ante la Guardia Civil como testigos, según informan fuentes presentes en la declaración.

Almudena Pérez defendió la regularidad del procedimiento en lo tocante a la Consejería de Sanidad, mientras que la funcionaria Rosario Jiménez aportó datos e información tanto de contratos concretos como del modo en que se resolvían.

Jiménez dio una explicación técnica de cada uno de los contratos objeto de la investigación e insistió en la ausencia de irregularidades en el modo en que se gestionaban. Rivero, por su parte, dijo desconocer directriz alguna dado que eso, de acuerdo con las fuentes consultadas, quedaba en escalones muy superiores de la administración.