El PSOE andaluz se une a la exigencia del PP de mejorar la financiación

El PSOE de Andalucía estará al lado del Gobierno de PP y Ciudadanos en sus demandas sobre una mejor financiación para la comunidad. Tampoco se opondrá a la petición de una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que están presentes las comunidades del régimen común (todas, salvo País Vasco y Navarra). “Ejercemos una oposición responsable y vamos a apoyar cuestiones que sean sensatas”, aseguró ayer el portavoz del grupo socialista, José Fiscal.

Los socialistas andaluces fueron los promotores en la legislatura anterior de la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento sobre financiación autonómica. Esos trabajos, pilotados por la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra en funciones, María Jesús Montero, concluyeron en que era necesario inyectar al sistema unos 16.000 millones de euros anuales, de los que 4.000 corresponderían a Andalucía. El PP, entonces en la oposición, se sumó a esa petición planteada al Gobierno de Mariano Rajoy.

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Los populares esgrimen esa cantidad al Ejecutivo en funciones del socialista Pedro Sánchez y también las entregas a cuenta para 2019, que cifran en 1.350 millones. Sin ese dinero, según dijo ayer en Canal Sur Radio el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, la Junta tendrá que hacer un ejercicio “de austeridad y de audacia”, aunque descartó recortes en sanidad, educación y políticas sociales.

Los socialistas no se van a desdecirse de lo mantenido durante muchas legislaturas acerca de que la comunidad está mal financiada, un tema que se abordó en el primer pleno de la ejecutiva regional tras las vacaciones. “A lo largo de la historia nuestra postura es muy clara. Andalucía no está bien financiada y apoyamos a la Junta cuando pide una mejora de la financiación y que el nuevo sistema se adecúe a la realidad de la comunidad”, aseguró Fiscal.

Desde el Ministerio de Hacienda se esgrime un informe de la Abogacía del Estado para justificar la imposibilidad de aprobar las entregas a cuenta por cuanto esa decisión comprometería al futuro Gobierno. Montero no ha descartado la convocatoria da una reunión del CPFF como han pedido todas las comunidades gobernadas por el PP y Ciudadanos. “No nos oponemos a que se reúna, pero antes hay que conocer si hay elecciones”, señaló Fiscal.

El posible adelanto electoral fue otro de los asuntos abordados por la ejecutiva presidida por la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz. Esta informó de que había estado en contacto con la ejecutiva federal y había hablado con el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

El PSOE andaluz ha trasladado que está “preparado” para una nueva convocatoria electoral, aunque su deseo es que la haya. “El PSOE, por supuesto, está preparado para lo que pueda ocurrir pero preferiríamos que no ocurriera”, señaló el portavoz parlamentario, quien no obstante responsabilizó a Unidas Podemos del posible fracaso de la negociación con el PSOE.

En Galicia, el Gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo ha abierto una batalla jurídica para exigir al Ejecutivo de Sánchez que pague a las comunidades los 5.000 millones de euros que les debe. La Xunta, que descarta acudir a los tribunales porque “no es el momento”, presentó ayer un informe de su Asesoría Jurídica que rebate el dictamen de la Abogacía del Estado que no considera posible el abono de este dinero por estar el Gobierno en funciones. Los letrados de la Administración gallega, sin embargo, defienden que sí.

El documento hecho público por el Gobierno gallego apela a la doctrina del Tribunal Constitucional ante “la falta de una solución expresa” en la legislación española ante la situación actual: un Gobierno en funciones que debe ceñirse al “despacho ordinario de los asuntos públicos” y un Presupuesto prorrogado que no actualiza los fondos que deben recibir las autonomías. Según la Asesoría Jurídica de la Xunta, el Ejecutivo en funciones podría aprobar un real decreto de adaptación del Presupuesto prorrogado para actualizar y cumplir con este pago porque concurren “razones de urgencia e interés general”.

“Tal necesidad, urgente y extraordinaria, no se enmarcaría dentro del desarrollo general del programa político del Gobierno sino que, como se analiza en el presente informe, derivaría de la necesaria adaptación formal de un Presupuesto prorrogado a las exigencias del sistema de financiación autonómico”, argumenta el dictamen. “El sistema de financiación autonómico, del que son parte integrante esencial el régimen de entregas a cuenta”, concluye, “debe, pues, ser cumplido por el Gobierno estatal con independencia de que este se encuentre o no en funciones”.

El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, defiende que este dictamen y el de la Abogacía del Estado “no son contradictorios” porque el encargado por Hacienda “responde a una pregunta muy concreta” y “sin intención de resolver el problema”, mientras que el de la Xunta plantea “alternativas” para cumplir con la financiación. La cuestión a la que responde el dictamen gallego es si el hecho de que el Ejecutivo de Sánchez esté en funciones “impide que se adopten por este las medidas necesarias” para cumplir con el sistema autonómico actualizando las entregas a cuenta.