La división de la UE dificulta el desembarco de los 121 migrantes del ‘Open Arms’
La posición del Gobierno en funciones continua firme: España no puede asumir las irresponsabilidades de otros países en su área de salvamento
El guion se repite cada vez que el barco de una ONG, como el Open Arms, rescata inmigrantes en el Mediterráneo y necesita desembarcar en un puerto seguro. Italia y Malta se niegan a abrir sus puertos si antes no hay un acuerdo para redistribuir a los rescatados. A ese acuerdo solo se llega por mediación de Bruselas, que únicamente entra en escena a petición de un país miembro. Las negociaciones se improvisan cada vez: la falta de consenso en la UE mantiene atrapados a los migrantes a bordo del Open Arms, que el sábado cumplen nueve días sin el altamar.
La UE lleva casi un año buscando al menos un parche temporal para evitar situaciones como la del Open Arms. La semana larga de espera que lleva el barco en alta mar con 121 personas exponen la dificultad de los socios comunitarios para avanzar en una política migratoria común que responda a los nuevos desafíos tras la crisis de los refugiados de 2015. Mientras la UE sigue de perfil con el Open Arms, otro barco, el Ocean Viking, fletado por Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée, amenazó ayer con abrir una nueva crisis con el rescate de 85 personas más.
Un año después de que Italia declarase la guerra a los buques de las ONG sigue sin haber un mecanismo previsible para actuar cuando hay rescates en el Mediterráneo Central, la ruta migratoria más mortal del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones.
No hay consenso. Alemania y Francia impulsan una suerte de preacuerdo de distribución de migrantes que dependa de la solidaridad de un puñado de países, mientras España rechaza que esta fórmula sea voluntaria y apenas se ocupe de la distribución de migrantes que llegan a Italia y Malta y no a costas españolas.
Las leyes que regulan el salvamento en el altamar
Los rescates en el mar están regulados por el derecho marítimo internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, de la que Italia y Malta son firmantes, obliga a los capitanes de los barcos a prestar auxilio a toda persona que se encuentre en peligro en el mar. Pero la responsabilidad del capitán no acaba en el primer auxilio, sino que tiene la obligación de llevar a los rescatados hasta un lugar seguro. Libia, un país en guerra y sumido en el caos, no es un puerto seguro. La Convención de Ginebra de 1951 prohíbe además devolver a refugiados o solicitantes de asilo sean devueltos a territorios donde su vida o su libertad peligre.
Las enmiendas a los Convenios para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) y para la búsqueda y salvamento (SAR) estipulan que los Estados firmantes, entre ellos Italia pero no Malta, deben garantizar el desembarco lo más rápidamente posible velando por que el capitán desvíe su ruta lo mínimo posible.
El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, pidió ayer a España que se haga cargo de los rescatados, pero la posición del Gobierno en funciones continua firme: España no puede asumir las irresponsabilidades de otros países en su área de salvamento. “España cumple, rescata, salva vidas permanentemente, y no podemos permitir que en el ámbito europeo se afinque el concepto de que solo España puede rescatar, solo España salva vidas y solo España recepciona”, defendió ayer la ministra portavoz Isabel Celaá, que insistió también en que el barco debe dirigirse a un puerto cercano y seguro.
El buque, que alberga 32 menores de edad y 89 adultos que han manifestado su intención de pedir asilo, no ha solicitado puerto a España. En el caso de que el Ejecutivo se lo ofreciese le supondría al menos otros cuatro días de navegación y se arriesgaría al embargo del barco por haber desafiado la prohibición de realizar actividades de rescate que le impuso el Gobierno en enero.
Para Jaime Rodrigo de Larrucea, profesor de Derecho Marítimo de la Universidad Politécnica de Cataluña, a España se le podrían exigir dos cosas. “En estos momentos, el Gobierno tendría que decirle al Open Arms: 'Si cree que hay un incumplimiento del derecho internacional —que yo creo que lo hay— el Reino de España le autoriza a ir al Tribunal Internacional de Hamburgo para denunciarlo”, mantiene Rodrigo. “El segundo gesto es interesarse ante la Comisión para activar una negociación. Porque el barco es español y porque es un drama humanitario”.
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