La juez de Podemos testifica que su sustituto conspiró para favorecer al PP

La diputada de Podemos en el Congreso y juez en situación de servicios especiales Victoria Rosell, principal denunciante de la causa que sigue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el magistrado Salvador Alba, lamentó ayer los “tres años perdidos” desde que la causa que la incriminaba saltó a los medios de comunicación. Rosell respondió durante más de dos horas a preguntas de las partes en la segunda sesión del juicio en el que se acusa a Alba de orquestar maniobras para desacreditar a su excolega. La diputada calificó a Alba de “el Villarejo canario”.

La Fiscalía acusa a Alba de delitos de prevaricación judicial y cohecho, entre otros, por tratar supuestamente de organizar una trama con el empresario del sector de la seguridad y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para perjudicar a Rosell tras el salto de esta a la política en 2015. Después de que Rosell pidiese la excedencia en la carrera judicial para encabezar la lista de Podemos por Las Palmas de Gran Canaria, Alba la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de la capital isleña. La Fiscalía pide para Alba diez años de cárcel y 29 de inhabilitación.

La supuesta trama contra la dirigente de Podemos se destapó después de que el empresario entregara unas grabaciones de una reunión mantenida con Alba, en la que, según se desprende del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, se comprometía a archivar la causa que él mismo instruía contra Ramírez y que heredó de la propia Rosell. En la conversación, Alba manifestaba su interés en desacreditar la actuación de su antecesora en el caso de Ramírez.

En su testimonio de ayer, la magistrada en situación de servicios especiales describió el “temor” que le suscita Alba, al que definió como el “Villarejo canario”, y aseguró que la única intención de maquinar en su contra era supuestamente la de perjudicarla en beneficio de un adversario político, el exministro del PP José Manuel Soria. Rosell defendió en todo momento la instrucción que llevó a cabo de la causa que seguía contra Ramírez antes de entrar en política. Además, aseguró que no vulneró el deber de abstenerse en la investigación que se seguía contra el empresario, puesto que el contrato de cesión de una licencia de radio que firmó la pareja sentimental de Rosell, el periodista Carlos Sosa, con Productora Audiovisual UD Las Palmas se produjo después de que ella dejara el juzgado. Ese supuesto interés de Rosell en la causa contra el empresario y presidente del club de fútbol fue una de las razones alegadas para cuestionar su actuación. Pero Rosell declaró que incluso desconocía la relación comercial de su pareja sentimental con Ramírez. “Yo tengo más relación con El Corte Inglés que Carlos con Miguel Ángel Ramírez”, añadió.

La diputada responsabilizó directamente a Alba de ser el promotor de la investigación iniciada por la Fiscalía de Las Palmas en 2015, que posteriormente fue declarada nula por el Tribunal Supremo por vulnerar los derechos de la jueza. Tras enterarse de las acusaciones en su contra por los medios de comunicación, dijo sentirse indefensa a causa de las filtraciones a la prensa, de las que volvió a apuntar directamente a Alba.

La diputada de Podemos lamentó el perjuicio económico que le produjo tener que abandonar el Congreso a principios de la pasada legislatura con motivo de la causa abierta en su contra, que ha sido archivada. A preguntas de la Fiscalía, describió la ansiedad que le produjo volver a los juzgados de la capital grancanaria tras su primer paso por la política. Un estrés por el que pidió diversas bajas laborales y que le provocó una “incapacidad” por la que requirió de un refuerzo judicial. Sobre la etapa en que se reincorporó al puesto, arremetió contra el “caos” provocado por Alba en otras causas que investigaba en el Juzgado de Instrucción 8.