Un empresario destapa el complot de un juez contra una diputada

El Tribunal de Justicia de Canarias acoge uno de los juicios de más mediáticos de los últimos años en el Archipiélago. El magistrado Salvador Alba se sienta en el banquillo por presuntamente organizar una trama para perjudicar a la ahora diputada de Podemos —y también jueza—, Victoria Rosell, con el empresario y presidente la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Por entonces (2016), Rosell se presentaba con la formación morada a las elecciones y era rival directa del exministro de Industria del PP, José Manuel Soria.

Según el escrito de la Fiscalía, el caso se inició en mayo de 2016, cuando Ramírez entregó unas grabaciones de una reunión con el magistrado investigado, en las que Alba se comprometía a archivar la causa que él mismo instruía —heredada de Rosell— contra Ramírez. El trato consistía en que Ramírez declarara en sede judicial la relación comercial que mantenía con el periodista Carlos Sosa, director del periódico digital Canarias Ahora y pareja sentimental de Rosell, con el objetivo de perjudicar a esta última y declarar la nulidad de la causa contra el empresario. Una semana después, el 23 de marzo de 2016, Ramírez declaró en sede judicial contra Rosell, a quien le abrieron diligencias por motivos disciplinarios. La investigación contra la jueza fue luego anulada por el Supremo que entendió que la Fiscalía se había excedido y adoptado competencias propias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, Ramírez, investigado por delitos fiscales, guardó su grabación de la conversación con el juez Alba —en un dispositivo oculto en un llavero— hasta que lo consideró oportuno.

Durante el interrogatorio del fiscal ayer, Alba reconoció que se celebró esa reunión pero que no tenía intención de manipular la declaración de Ramírez. Y aseguró que es un “corta y pega” y que está manipulada, acusando a Ramírez de querer chantajearle.

Precisamente, Ramírez, que compareció después como testigo, insistió en que el plan era un acuerdo a tres bandas en el que, además de él, participarían la fiscal de delitos económicos, Evangelina Ríos, y el propio magistrado ahora investigado con vistas a obtener información contra Rosell. A preguntas del fiscal, Ramírez explicó que grabó la reunión “porque me la estaba jugando, estaba ante un juez que usaba técnicas propias del Chicago de los años 30”. El empresario detalló incluso que el juez Alba le orientó sobre cómo debía contestar cuando compareciera en sede judicial.

Está previsto que el juicio se prolongue hasta el 12 de julio con 25 testigos. Hoy lo hará Victoria Rosell, personada como acusación particular. La Fiscalía imputa al juez Alba, suspendido de sus funciones por el CGPJ, los delitos de Prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento oficial cometido por funcionario y revelación de secretos. Y solicita 10 años de prisión.