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Comienza el juicio contra el juez que supuestamente intentó desacreditar a la diputada Victoria Rosell

El excontable del ‘rey de la seguridad’ de Canarias lo acusa de chantajear al magistrado

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, en su despacho, en mayo de 2012
Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, en su despacho, en mayo de 2012As

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha iniciado hoy el juicio contra el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba, quien se enfrenta a una petición del fiscal de diez años de prisión por cinco supuestos delitos. La fiscalía le atribuye haber intentado desacreditar profesionalmente a la exjuez y diputada de Podemos Victoria Rosell en relación con una causa que esta llevaba contra el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, considerado el rey de la seguridad en las islas y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. 

Informes periciales de la Guardia Civil subrayan que la grabación presenta “numerosas manipulaciones”

Para el juicio ha surgido un testigo inesperado, Héctor de Armas, admitido hoy por el tribunal y quien durante 12 años ha sido la mano derecha en las finanzas de Ramírez. De Armas ha acudido a un notario y a la fiscalía provisto de mensajes electrónicos para denunciar chantajes y una supuesta conspiración tendente a incriminar al magistrado Alba.

El acusado fue grabado en 2016 en su despacho por Ramírez tras haberle impuesto una fianza millonaria por delitos fiscales y contra la Seguridad Social de sus trabajadores. Ramírez le grabó mientras el juez Alba supuestamente le pedía pruebas sobre sus conexiones comerciales con el periodista Carlos Sosa, pareja de la exjuez y hoy diputada de Podemos Victoria Rosell. El partido morado ha asegurado este lunes en Twitter que el proceso es "un ataque contra la Democracia".

El objetivo del juez Alba era acreditar que Rosell, la primera juez que comenzó a investigar el caso de Ramírez antes de pedir la excedencia, debió abstenerse de conocer esa causa debido a una supuesta relación comercial entre Ramírez y la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa. En cambio, la Fiscalía de Canarias indica en su escrito de acusación que Alba pidió a Ramírez tales pruebas para perjudicar profesionalmente a la entonces juez Rosell, a la que sustituyó en la instrucción de este asunto.

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Basándose en informes de peritos de la Guardia Civil, Alba sostiene que la grabación que le hizo Ramírez y que es origen del juicio que hoy se inicia “está manipulada”. La Guardia Civil corrobora que la grabación presenta “numerosas manipulaciones”. Sin embargo, la Fiscalía de Canarias señala que su acusación contra Alba está basada en la conversación íntegra que Ramírez captó en su grabadora. Y mantiene que los extractos que el empresario borró de la copia original antes de depositarlos en el juzgado tenían como objetivo no implicar a terceras personas ajenas al proceso.

El juez Alba se enfrenta a una petición del fiscal de diez años de prisión por cinco supuestos delitos

Aparte de su comparecencia ante un notario, el testigo Hector de Armas, el hombre de las finanzas de Ramírez, ha remitido otro escrito a la fiscalía en el que relata que la grabación que efectuó el empresario fue para “chantajear" al juez y "obtener de ese modo el archivo” de su causa y la consiguiente retirada de la fianza que Alba le había impuesto, que empezó con 33 millones de euros y luego redujo a 17.

Según De Armas, José Antonio Choclán, abogado de Ramírez, fue quien aconsejó a su cliente para que entregase la grabación en el juzgado, lo que hizo el empresario, matiza, después de “editarla”.  De Armas posee mensajes electrónicos con los que pretende acreditar que detrás de la grabación hubo “una auténtica organización” que “debe ser desmantelada de forma contundente para evitar más sufrimiento y quebranto de la dignidad personal y colectiva”, señala.

Alba denunció sin éxito ante la Fiscalía General del Estado tejemanejes de Ramírez para influir en causas judiciales que le afectaban. Ramírez, por su lado, presentó el año pasado una querella contra su excontable De Armas en la que le acusa de administración desleal de sus sociedades. Y él mismo está siendo investigados en varias causas penales por despatrimonializar sus sociedades para no pagar la Seguridad Social de sus trabajadores.

Jueces recusados

El juicio contra Alba se prolongará a lo largo de cinco sesiones. No ha sido fácil conformar la sala del Tribunal Superior llamada a celebrar esta vista. Mientras varios jueces han sido recusados, el presidente de la Sala de lo Penal, Antonio Doreste, se apartó de este juicio tras aflorar otra grabación, publicada por este periódico el 31 de mayo de 2018, en la que le advierte a Alba en un garaje de los peligros que le acechan si no retira su denuncia contra Ramírez por supuestamente manipular la grabación que le había hecho el empresario canario. 

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