Muere a los 73 años el exfiscal Eduardo Fungairiño

Eduardo Fungairiño Bringas (Santander, 73 años) exfiscal de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, ha muerto este domingo por los problemas cardiacos que arrastraba desde hace tiempo, según han confirmado fuentes de la Fiscalía General del Estado. En silla de ruedas desde los 19 años por un accidente de tráfico que le causó una paraplejia, su actuación, mucha veces polémica, estuvo definida por su rebeldía ante las órdenes de sus superiores y la dureza en sus peticiones de pena a terroristas. La primera le terminó costando finalmente el puesto. La segunda le llevó a pedir –y conseguir- condenas de miles de años para algunos de los dirigentes etarras más destacados, como José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri; Francisco Múgica Garmendia, Pakito; o Santiago Arróspide, Santi Potros, pero también para convertirse en objetivo de la organización terrorista en varias ocasiones. En 1990, la banda le envió un paquete bomba que pudo ser desactivado. El año anterior había visto como ETA asesinaba en Madrid a su compañera en la fiscalía Carmen Tagle, con la que estaba muy unido.

Con una memoria privilegiada -que le habían convertido en “un archivo andante” en palabras de los que trabajaban con él, por su capacidad para recordar nombres, alias y todo tipo de datos de las causas que llevaba-, Fungairiño comenzó a ejercer como fiscal en 1973 en Barcelona y siguió siéndolo hasta su jubilación en mayo de 2018, ya como fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Sin embargo, donde consiguió renombre fue en la Audiencia Nacional, a la que llegó en febrero de 1980 y donde se mantuvo durante 26 años, los peores del terrorismo de ETA, pero también de los GRAPO y el yihadismo. Allí fue el fiscal del caso del síndrome tóxico, el mayor envenenamiento masivo de la historia de España que produjo más de 500 muertos y 25.000 afectados. Fungairiño solicitó elevadas penas de prisión para los industriales aceiteros responsables y reclamó para las víctimas indemnizaciones económicas muy superiores a las que por entonces, 1987, concedían habitualmente los tribunales.

Sin embargo, su fama vino por sus acusaciones en los juicios de terrorismo y por sus polémicas. Él fue el instigador de la denominada rebelión de los indomables, la sublevación de cinco fiscales de la Audiencia Nacional contra el que entonces era su máximo responsable, José Aranda, después de que este presentase la querella contra el banquero Mario Conde por el caso Banesto. La polémica se saldó con la salida del puesto de Aranda y un expediente para los rebeldes, pero no para Fungairiño. Sí se le abrió, sin embargo, tiempo después por ocultar pruebas en el sumario por el atentado que sufrió en 1995 José María Aznar, entonces líder de la oposición, a manos de un comando de ETA. Fungairiño, teniente fiscal en aquel momento, había apoyado la decisión de la fiscal del caso, María Dolores Márquez de Prado, de no aportar a la causa una prueba pericial que exculpaba al etarra Mikel Azurmendi, Hankas, de su participación en el atentado.

Por ello fue expedientado por falta muy grave, lo que no impidió que fuera propuesto para ocupar el cargo de fiscal jefe hasta en tres ocasiones por el entonces fiscal general Jesús Cardenal. En las tres, obtuvo cero votos en el Consejo Fiscal. El rechazo no impidió que Cardenal lo propusiera para el cargo al Gobierno del PP. La decisión provocó un auténtico terremoto en el Ministerio Público que convirtió su toma de posesión en mayo de 1997 en un cúmulo de ausencias de protesta. Allí se mantuvo en el mismo hasta 2006, cuando el en aquel momento fiscal general, Cándido Conde Pumpido, le forzó a renunciar al puesto tras meses de desencuentros y sucesivos incumplimientos por parte de Fungairiño de sus instrucciones. Pasó a la fiscalía del Tribunal Supremo, donde ejerció su labor hasta que se jubiló hace ahora 13 meses.

Atrás dejaba numerosas polémicas intervenciones tanto en los tribunales como fuera de ellos. En julio de 2004, con España aún impactada por los atentados del 11-M, Fungairiño saldó su comparecencia en la Comisión parlamentaria que investigaba la masacre yihadista con un cúmulo de respuestas evasivas que provocaron el estupor de los diputados. El entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional mostró aquel día un sorprendente desconocimiento de la causa y restó valor a pruebas, como la cinta de casete con versos coránicos encontrada en uno de los coches de los terroristas, que apuntaban ya desde el primer día a la autoría islamista de los ataques. Incluso no descartó una posible colaboración de ETA con Al Qaeda y negó cualquier relación entre el 11-M y la invasión de Irak porque los terroristas "no necesitan motivos ni detonantes".

Además, Fungairiño se opuso a que los delitos de genocidio cometidos en los años 70 durante la dictadura de Argentina fueran juzgados en España al considerar que no constituían terrorismo. Tampoco quiso que se investigase en la Audiencia Nacional el accidente del Yak-42 que costó la vida en 2003 a 62 militares españoles. En ambos casos, fue obligado a rectificar. En febrero de 2018, un mes antes de jubilarse, concedió una entrevista a El Español, en la que se mostró partidario de instaurar la cadena perpetua y de ilegalizar los partidos independentistas. Tras su salida de la fiscalía, colaboraba con una ONG, aunque su delicado estado de salud le había hecho permanecer hospitalizado en los últimos meses, hasta su fallecimiento este domingo.