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La Diputación de Ourense plagió un libro para un curso concedido a dedo

La Audiencia Provincial condenó al organismo a retirar los ejemplares y a pagar 4.000 euros a la autora. Pero la afectada no ha cobrado.

La Diputación de Ourense plagió en 2011 un libro sobre Administración pública y lo distribuyó como propio, con otro título, entre sus trabajadores y los de los Ayuntamientos de la provincia que asistieron a un curso para “mejorar la calidad de los servicios públicos”. En diciembre de 2018, la Audiencia Provincial condenó a la Diputación a retirar los ejemplares existentes y a pagar 4.000 euros a la autora en concepto de daños morales. Pero la afectada no ha cobrado.

El presidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar, en la sede del partido  el 26-M.
El presidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar, en la sede del partido el 26-M.

Transcurrido el plazo legal sin haber cobrado, la afectada ha reclamado la ejecución y el embargo de las cuentas de la institución. El proceso judicial sobre el plagio ha evidenciado que, para impartir ese curso, la Diputación contrató a dedo a una empresa que a su vez subcontrató como docentes a los dos más altos funcionarios de la propia institución y al profesor universitario para el que la particular había hecho el trabajo.

La Diputación recibió en 2011 una subvención de 222.000 euros del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para desarrollar un programa formativo de 65 cursos, en el que se incluía uno para técnicos en dirección y gestión de recursos humanos al que destinó el libro plagiado que distribuyó entre el medio centenar de asistentes. Para impartir ese curso, el organismo provincial contrató a dedo a la empresa privada Instituto Madrileño de Formación S. L.

El presidente de la Diputación, el popular José Manuel Baltar, firmó, con el visto bueno del secretario general, Francisco Cacharro, un decreto acordando realizar un contrato menor de servicio con esa empresa y autorizar un gasto por importe máximo de 21.240 euros. En el decreto consta que se tenía en cuenta la fiscalización realizada por la Intervención de la institución que ostenta Mónica Legaspi.

Tanto Legaspi como Cacharro fueron contratados posteriormente como docentes por esa misma empresa para impartir el curso. Pese al importe máximo estipulado de poco más de 21.000 euros, la Diputación le pagó a la adjudicataria 41.900 euros de los 222.000 de la subvención que otorgó el INAP. El gasto medio del resto de los 64 cursos incluidos en el programa fue de en torno a 2.000 euros. La Diputación justificó en los planes provinciales de ese año 21.900 euros como gastos ejecutados de “formadores internos y externos” para ese curso. Y en materiales didácticos y en alquiler de locales justificó otros 11.840 euros, pese a que, según recoge la sentencia, el libro fue plagiado y el curso, “diseñado en su contenido, convocado e impartido en las dependencias de la Diputación”.

El organismo provincial emitió tres facturas a favor de la empresa elegida. La primera, en junio, por importe de 20.000 euros; la segunda, en noviembre, por 21.240 euros; y la tercera, en diciembre, por 750. Ejecutó cada pago dentro de los 30 días siguientes. El jefe del departamento de Formación de la Diputación, Carlos Castiñeiras, organizador de la acción formativa, reconoció en el juicio que la entidad provincial había seleccionado a los docentes y se los había sugerido a la empresa contratada. “En nuestro servicio contamos con un registro de mil formadores en la práctica, le referenciamos [a la adjudicataria] dos formadores que trabajaban anteriormente con nosotros a través de otras asistencias técnicas y que contaban con una acreditada experiencia académica y un conocimiento profundo de la Administración”, afirmó el jefe de Formación de la Diputación.

Advertencia desoída

Cuando, iniciada la actividad formativa, la autora del libro tuvo conocimiento de que se había plagiado su texto, se puso en contacto en reiteradas ocasiones con Castiñeiras para advertirle de que se estaba vulnerando su derecho de propiedad intelectual. El libro divulgado era, según recoge la sentencia, en un 75% una “copia literal” de la obra El empleo público que la demandante tenía registrada, pese a que tanto en la portada como en el reverso figuraba como única referencia sobre su autoría o procedencia “Diputación Provincial de Ourense-Formación Continua” y el logotipo del organismo provincial.

Castiñeiras reconoció que, durante su ausencia por baja laboral en la Diputación, la autora se entrevistó además con otros compañeros de la institución “incluido el secretario general, que también era docente en ese curso”.

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