El presidente andaluz reclama a la UE más implicación para frenar la inmigración ilegal en el Estrecho

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de viaje oficial por Marruecos, ha reclamado este martes a la Unión Europea “más sensibilidad” hacia los problemas migratorios de la Frontera Sur y “más medios materiales y recursos” para que el país magrebí pueda controlar la inmigración ilegal en el Estrecho. Tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional marroquí, Nasser Bourita, el dirigente andaluz destacó la disposición de ese Gobierno para colaborar en la identificación de menores no acompañados y su regreso, pero advirtió de las dificultades legales de España para agilizar esas devoluciones.

“No puede ser que la UE no haga el mismo esfuerzo en el sur de Europa que sí hace en otras zonas del este como Turquía", alegó Moreno, quien sostuvo que estamos ante una "asignatura pendiente" por parte de esta institución, ante la que Andalucía “hará valer su peso demográfico en el continente” para ejercer "presión y determinación". El presidente de la Junta insistió en que su Gobierno “alzará la voz” en Bruselas para que se dote de más recursos económicos a Marruecos que le permitan controlar el flujo migratorio en el Estrecho. El pasado otoño la UE aprobó una partida de 140 millones para el país africano para la lucha contra la migración irregular y la mejora en el control de fronteras.

En esta línea, Moreno hizo hincapié en la situación de los menores migrantes no acompañados y reconoció el compromiso de las autoridades marroquíes para colaborar en su identificación y facilitar su regreso, un compromiso que ya puso de manifiesto ante el anterior Gobierno socialista de la Junta y que ratificó a finales de octubre ante el Ejecutivo español. Esta colaboración está suscrita en un acuerdo bilateral de repatriación que España firmó con el Reino de Marruecos en 2007 y que entró en vigor en 2012, si bien su aplicación ha sido papel mojado. Ante la afluencia de menores el año pasado a las costas andaluzas, el Ejecutivo de Susana Díaz solicitó a Moncloa reactivarlo para aliviar la presión que sufrían los centros de acogidas de estos jóvenes.

Moreno señaló que Marruecos ya ha enviado misiones a España para abordar el regreso de estos menores, pero lamentó que la legislación “garantista” de nuestro país no permite devoluciones "tan rápidas como nos gustaría”. El presidente de la Junta también remarcó que varias ONG se oponen a las repatriaciones por considerarlas ilegales.

Más del 70% de los jóvenes solos que llegan a España son marroquíes. En lo que va de año, según datos de la administración andaluza, han llegado a la comunidad 1.600 migrantes menores no acompañados. La mayoría abandona los centros de acogida, porque la región e incluso el propio país, son lugares de paso en su ruta migratoria. Para este verano, la Junta ha contratado a 1.200 personas para atender una potencial nueva oleada de llegadas de menores y prevenir la saturación de los centros.

El nuevo Gobierno de la Junta ha adoptado la línea dura en materia migratoria marcada por Vox en su pacto para la investidura de Moreno y refrendada en el acuerdo para apoyar los presupuestos autonómicos, y reclama más medios y recursos para que Marruecos pueda controlar la migración en origen, una reivindicación del reino alauí que ha asumido el presidente andaluz.

Posible incitación al odio por la apertura de un centro de migrantes

Mientras el presidente de la Junta de Andalucía reclamaba más medios y contundencia para frenar la llegada de migrantes a España, sus socios de Vox mantienen en Sevilla, junto a diversas asociaciones de vecinos del distrito Macarena, en el centro de la ciudad, el pulso para impedir la apertura de un centro de acogida de menores migrantes no acompañados. El diputado de la fuerza de extrema derecha más implicado en las protestas, Benito Morillo, explicó a este diario que estos jóvenes "son ilegales. Los menores con quienes deben estar es con sus familias. Cuando no lo están, se produce una situación de desestructuración que genera delincuencia e inseguridad".

Esta semana, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado ante el Defensor del Menor de la comunidad y la Consejería de Igualdad una queja ante los “graves incidentes” que se están desarrollando en la zona de la Macarena. La ONG entiende que las concentraciones frente al chalé que acogerá el centro, en la calle Los Polancos, y las marchas convocadas entre esa vía y el Parlamento “vulneran los derechos” de los menores que residirán allí y pueden suponer una “incitación al odio”. La APDHA ha reclamado al Defensor que adopte “las medidas necesarias para el cese de las acciones que violentan la seguridad de los menores referidos, investigue y denuncie, derivando a los órganos judiciales competentes si corresponde, a los instigadores de las mismas, así sí como ponga todas las medidas a su alcance para que el ambiente vecinal donde van a residir sea positivo para ellos”.