La Fiscalía turca, tras la denuncia de una española por violación: “Si vas a un bar a esas horas, es normal”

“Si vas a un bar a esas horas [de la noche], es normal que te ocurra cualquier cosa”. Esta frase resume la actitud de la fiscal turca encargada de instruir la presunta violación sufrida por una estudiante española de Erasmus en Ankara, según denuncia el abogado de la víctima, Kemal Ulusoy, en declaraciones a EL PAÍS. El letrado teme que la intención de la Fiscalía sea sobreseer el caso y no presentar cargos contra los dos sospechosos, actualmente en libertad provisional.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de mayo, si bien no han salido a la luz hasta este fin de semana, cuando los hizo públicos el diario turco Hürriyet. La Embajada española en Ankara, que ha confirmado a este diario el grueso de lo ocurrido, sostiene que ha llevado el caso con “la máxima discreción” para proteger la privacidad de la víctima. De acuerdo con la denuncia de la joven española, que tiene 20 años y se hallaba en la capital turca cursando estudios dentro del programa Erasmus, un grupo de seis amigos españoles y uno bosnio entró en un bar del céntrico distrito de Kizilay, en torno a las tres de la madrugada. Los jóvenes turcos de una mesa contigua a la que ocupaban los españoles trataron de entablar conversación con ellos, aunque los españoles no quisieron. La víctima asegura que alguien de aquella mesa depositó algún tipo de sustancia en su cerveza puesto que comenzó a encontrarse mal y fue a vomitar al baño. “Sentía que no podía controlar su cuerpo”, explica el abogado.

Sobre las cinco de la mañana, al abandonar el local y comenzar a dispersarse los amigos, los turcos también salieron. En un momento en que la joven española se quedó sola, la introdujeron en un taxi y se la llevaron a casa de uno de ellos. “Ella dice que era parcialmente consciente de lo que ocurría pero cuando quería reaccionar, su cuerpo no le respondía”, afirma Ulusoy: “En la casa, sus ojos se abrían de vez en cuando, pero volvía a perder la consciencia. En esos periodos consciente vio a dos chicos diferentes que mantenían relaciones con ella”. En torno a las 6.30, la chica volvió en sí y, como pudo, abandonó la casa. Explicó lo ocurrido a sus amigos y la llevaron a un hospital para obtener un informe de que había sido violada. En el hospital le dijeron que acudiera a una comisaría donde, con ayuda de un representante consular español, presentó denuncia. Después, fue remitida a un facultativo de medicina forense para que dejase constancia de lo ocurrido.

Los dos sospechosos reconocidos por la víctima, de 26 y 29 años, fueron detenidos al día siguiente. Un fiscal de guardia les tomó declaración —en la que alegaron que la relación sexual fue consentida— y recomendó su envío a prisión, cosa que no fue aceptada por el juez, que los dejó en libertad condicional: cada semana deben acudir a comisaría una vez para firmar. La joven española —cuya identidad no ha trascendido— ya se encuentra de vuelta en España. Según su abogado, su estado de salud y psicológico es bueno, “pero sufre mucho cada vez que tiene que recordar lo ocurrido”.

Ulusoy, que recibió el caso diez días después de los hechos, denuncia que la nueva fiscal encargada del caso ha hecho poco por investigarlo. “El análisis de sangre a la víctima no dio positivo en ninguna droga habitual, así que la fiscal no ha profundizado en ese tema, pero hay otras sustancias de las que no se ha hecho análisis”, explica. Además, se ha dirigido a la defensa de la joven española con frases como “¿Por qué va una chica tan joven a un bar?”, “¿por qué bebe alcohol?” o “si vas a un bar a esas horas, es normal que te ocurra cualquier cosa”. “Ha pasado un mes y medio desde los hechos y muchas pruebas se han perdido por la falta de interés de la fiscal. Por ejemplo, en el vestido de la víctima hay manchas de sangre, pero no se sabe a quién pertenece porque no se ha querido investigar. La fiscal también se ha negado a incautarse de los teléfonos móviles de los sospechosos, donde podría haber fotos, vídeos o mensajes sobre lo ocurrido”, se queja Ulusoy: “Nos tememos que la intención de la fiscal es sobreseer el caso, así que hemos pedido a la Fiscalía que otra persona se haga cargo de la instrucción, investigue y finalmente pida a los tribunales la apertura de un juicio”.

Aumento de condenas

El letrado arguye que el caso tiene una “dimensión diplomática” por lo que insta a la Embajada de España a hacer más. Una fuente diplomática explicó a este diario que la víctima, acompañada por sus amigos, fue atendida por el personal consular y los dirigieron sobre “cómo actuar desde el punto de vista procesal”. Además, les puso en contacto con abogados y aportó un traductor. La semana pasada, la Embajada envió una carta a las autoridades turcas inquiriendo por el estado del procedimiento. “El problema es que la Embajada ha intervenido muy tarde en el caso, si hubiese presionado desde antes no estaríamos en esta situación”, argumenta Ulusoy: “En este país, las cosas funcionan así. Si no se presiona a los fiscales, no actúan”.

Entre 2009 y 2014 el número de condenados por crímenes sexuales en Turquía pasó de unos 2.000 a más de 14.000, hecho que el Ministerio de Justicia atribuyó al incremento de la severidad de las penas. Sin embargo, Hülya Gülbahar, abogada especializada en violencia machista, afirma que hay otros motivos: “Por supuesto la lucha del movimiento feminista ha hecho más visibles estos delitos y así se persiguen más, pero en todo el mundo hay un incremento sistemático de los crímenes sexuales. Y en Turquía hay un auge que supera la media mundial. Es algo que tiene que ver con las políticas ultraconservadoras del Gobierno actual”. Gülbahar pone como ejemplo los ataques contra mujeres que llevan pantalones cortos o minifaldas en los últimos años —“cuando jamás había ocurrido antes”— o el que los Ayuntamientos de la formación islamista gobernante hayan continuado y ampliado la colaboración con fundaciones religiosas cuyos miembros han cometido abusos sexuales a menores. “Pese a que el Gobierno asegura que protege a la familia, sus políticas de segregación y su protección a los culpables de abusos refuerzan el sentimiento de impunidad. De hecho, estamos viendo cómo los jóvenes son incluso más propensos a este tipo de comportamientos sexuales violentos que los más mayores”.