La justicia archiva una denuncia por presunta financiación irregular del PSOE valenciano

La jueza del juzgado de instrucción número 24 de Madrid ha sobreseído y archivado la causa por una querella del PP valenciano que pretendía vincular una supuesta financiación irregular del PSOE de esa comunidad (PSPV) con determinados contratos de adjudicación de varios ministerios del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En el proceso se abrieron causas que investigaron a Sanidad y Medio Ambiente y fueron sobreseídos. Quedaba pendiente otra causa que afectaba al Ministerio de Vivienda y que era la que faltaba por ser archivada. La fiscalía y la Abogacía del Estado no apreciaban indicios de delito.

La denuncia del PP se centraba en la adjudicación del concurso de publicidad institucional del Plan de Vivienda 2009-2010, por el que se abrió una investigación por los posibles delitos de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En concreto, por la concesión de un contrato en 2008 de 126.208 euros a Crespo Gomar, agencia de comunicación que trabajó para el PSPV y el Bloc, uno de los partidos de Compromís, en la campaña de las elecciones autonómicas de 2007.

"Las irregularidades detectadas por el perito, han sido desmontadas por los investigados con sus declaraciones y con la documental que ha aportado su defensa, la Abogacía del Estado, fundamentalmente acreditando la vigencia de determinada legislación administrativa en el momento en que ocurren los hechos investigados" y que la fiscalía cita de manera explícita en su informe de fecha 20 de noviembre de 2018, argumenta la jueza Coro Monreal.

La magistrada expone que las dudas que los denunciantes plantearon sobre el cumplimiento del contrato, no entran dentro de sus competencias. "Respecto a la hipótesis de que si se entregaron los trabajos, no se desarrollaron en la posterior difusión informativa, que pasaba por una nueva licitación, es una cuestión ajena a los hechos investigados en el presente procedimiento, y desde luego, no imputable a los aquí investigados". La jueza contempla la posibilidad de que pueda abrirse una investigación en el Tribunal de Cuentas, "al que se va a deducir testimonio con el tanto de culpa, por si existiese responsabilidad contable".