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Un juzgado de Madrid imputa a tres funcionarios por adjudicaciones del Gobierno de Zapatero

La causa deriva de la investigación archivada sobre la financiación de PSPV-PSOE y el Bloc

I. Z.
Mitin del PSOE en Alicante en 2007. Desde la izquierda, Pla, Zapatero, Andreu y Soler.
Mitin del PSOE en Alicante en 2007. Desde la izquierda, Pla, Zapatero, Andreu y Soler.JOAQUÍN DE HARO

El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado como imputados a tres personas por la adjudicación por parte del Ministerio de Vivienda, en la etapa de gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de un contrato de 126.208 euros a Crespo Gomar, la agencia de comunicación que trabajó para el PSPV-PSOE y para el Bloc (uno de los partidos de Compromís) en la campaña electoral de 2007, así como posteriormente para Administraciones dirigidas por el PP.

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La causa abierta en el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid está centrada en la adjudicación del concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010. En ella se investigan posibles delitos de prevaricación y malversación, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Crespo Gomar, ya desaparecida, tenía su sede en Gandia.

El juzgado ha llamado a declarar el jueves 11 de mayo, a partir de las 10.00, a la presidenta y secretaria de la mesa de contratación de aquel expediente —a quienes el Tribunal Superior de Madrid identifica como Rosario G. V. y Sandra S. F.—, así como al interventor "que presumiblemente autorizó el pago y que formaba parte como vocal" de la mesa —José María A. G.—.

El procedimiento que se sigue en Madrid se ha abierto a instancias de la magistrada de Valencia Nieves Molina. En enero, Molina archivó una denuncia presentada por el Partido Popular por supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE y del Bloc en un auto en el que señaló que lo hacía, pese a haber detectado indicios de delito, porque los supuestos hechos habían en todo caso prescrito.

La instructora consideró, sin embargo, que en cuatro de los contratos adjudicados a Crespo Gomar que había analizado, concedidos por los Ayuntamientos de Gandia y Benidorm, así como por los ministerios de Sanidad y Vivienda, pudieron haberse cometido delitos de malversación, por lo que remitió su investigación a los respectivos partidos judiciales para que prosiguieran las pesquisas.

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Sobre la firma

I. Z.
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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