El juez rechaza levantar la imputación al vigilante anticorrupción del PP

El exconsejero madrileño y vigilante anticorrupción del PP nacional, Alfredo Prada, seguirá imputado en la causa por el supuesto desfalco económico en la Ciudad de la Justicia de Madrid, el proyecto nunca materializado de juntar todas las sedes judiciales de la capital en unos terrenos al norte de la ciudad y que generó un agujero de 105 millones de euros a las arcas públicas entre 2005 y 2015. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata rechazó la semana pasada el incidente de nulidad presentado por Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y al que el actual líder del partido, Pablo Casado, situó en julio de 2018 al frente de la Oficina del Cargo Popular, un organismo creado para evaluar la idoneidad de los candidatos del partido.

El magistrado, en un auto –resolución razonada- de cinco folios, responde a las alegaciones de la defensa de Prada, que en un escrito de finales de abril acusaba tanto al juez como a la Fiscalía de poner en marcha una “guerra no convencional” y una “embestida legal” contra él por ser un “oponente político” de ellos. Prada sostenía que el ministerio público había cometido “graves irregularidades” en sus investigaciones, que luego fueron “convalidadas ilegítimamente” por el juez instructor.

De la Mata rebate estas “gravísimas y desmesuradas acusaciones” del político popular. El magistrado recuerda que Prada presidió el ente público autonómico Campus de la Justicia de Madrid (CJM), encargado de la urbanización de las parcelas y la construcción de los 12 edificios llamados a albergar las sedes judiciales. De todos ellos, solo se levantó el más sencillo de ellos, el Instituto de Medicina Legal, que se encuentra cerrado.

El magistrado señala que, como presidente de la entidad, era el responsable tanto de la contratación como de la gestión económica y que “tomaba parte directa” de las decisiones estratégicas y operativas de la sociedad pública, como la contratación del comisario Andrés Gómez Gordo, policía de confianza de la exministra Dolores de Cospedal, en octubre de 2007. El político, afirma el auto, participó directamente en los principales contratos suscritos por CJM, en algunos de los cuales “no se constituyó mesa de contratación”.

Prada tuvo, además, firma autorizada –y la utilizó- en al menos dos cuentas corrientes de la sociedad pública, que emitió una tarjeta Visa a su favor. Además, dio instrucciones para realizar transferencias a diversas entidades con cargo a una de esas cuentas. Estos “son elementos objetivos suficientes para mantener su situación de persona investigada”, afirma el juez. “Y son los elementos, los únicos elementos, como no se podía ser de otro modo, que sustentan la actuación judicial”, recuerda De la Mata, para desestimar la anulación de la causa que pidió Prada.