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El Poder Judicial dictamina que el líder andaluz de Vox debe ser compensado

El CGPJ denegó el reingreso al juez Francisco Serrano, acuerdo que revocó el Supremo, por lo que pide 516.635 euros

Javier Martín-Arroyo
El líder de Vox en Andalucía y juez, Francisco Serrano.
El líder de Vox en Andalucía y juez, Francisco Serrano.PACO PUENTES

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estimado parcialmente la reclamación económica del juez y líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, por denegarle su reingreso en la carrera judicial tras su condena por prevaricación dolosa. El diputado autonómico desde el pasado diciembre cuando el partido ultra logró 12 escaños, reclamó 516.635 euros, pero los jueces que forman la Comisión Permanente del CGPJ evitan dar una cifra porque consideran que la debe fijar el Consejo de Ministros.

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“Se dan los requisitos necesarios para la apreciación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas”, reza el acuerdo del Consejo, que reconoce que al apartarle de la carrera se le causó "un daño individualizado”, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Consejo lo apartó de la carrera judicial en 2011 después de su condena por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa. Serrano alteró el régimen de visitas de un niño para que saliera como nazareno con su padre durante la Semana Santa de la capital andaluza. El juez adoptó la medida sin escuchar a la madre, solo tras escuchar al abuelo paterno. Hoy el juez está a la espera del recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre su inhabilitación, que él considera fue ilegal.

Tras cumplir la pena de inhabilitación especial, el Consejo rechazó su petición de ingreso a la carrera porque consideraba que debía hacer de nuevo las pruebas de acceso. La Sala Tercera del Supremo anuló el acuerdo y ordenó su reingreso al servicio activo.

La segunda parte de la reclamación de Serrano fue provocada por su destino a un juzgado de Badalona en marzo de 2018, pero al no haber recurrido la decisión del Consejo por vía administrativa o judicial, los magistrados rechazan que sea compensado. Dos meses después, hace casi un año, Serrano pidió la excedencia voluntaria en la carrera judicial.

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En paralelo, hace dos meses la comisión del estatuto del diputado en el Parlamento andaluz permitió a Serrano mantener su actividad como abogado, por considerarla compatible con su papel como diputado, al igual que otros 15 parlamentarios.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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