Un informe del Defensor del Pueblo rechaza el experimento a presos con electrodos

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, remitió este jueves al Ministerio del Interior un informe en el que avala la decisión de Instituciones Penitenciarias de suspender un experimento con electrodos a presos violentos, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la institución. El experimento se inició en 2016 en las cárceles de Huelva y Córdoba y debía retomarse en marzo, pero Prisiones lo paralizó al trascender los detalles. Aunque el documento no es vinculante, fuentes de Interior apuntan que se seguirán sus recomendaciones.

El informe es el resultado de la investigación que el Defensor abrió de oficio —sin que mediara ninguna denuncia— a los pocos días de que se conociera públicamente que 41 presos, 15 de ellos homicidas, habían sido sometidos a sesiones de estimulación eléctrica cerebral para estudiar su agresividad. Según fuentes conocedoras del documento remitido a Interior, el Defensor insiste en él que los reclusos, en su condición de personas bajo custodia, tenían limitada la voluntariedad con la que aceptaron participar en el experimento, aunque hubieran dado su autorización por escrito. En este sentido, el Defensor recalca que en cualquier estudio científico en el que se pide la participación de presos “hay que garantizar con el máximo rigor que el consentimiento que prestan es verdaderamente libre”.

El experimento ahora rechazado por el Defensor se iniciaba con la elaboración de una ficha de cada interno en la que se recogían los delitos por los que habían sido condenados. Los autores del estudio sometían a continuación a los presos a 40 preguntas en las que debía responder si consideraban falsas o verdaderas afirmaciones del tipo: “Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona” o “algunas veces me siento como un barril de pólvora a punto de estallar”.

Tras ello, se les colocaba unos electrodos en la cabeza y, durante media hora, se les aplicaba una leve corriente de 1,5 miliamperios con el fin de activar su corteza prefrontal, un área del cerebro potencialmente relacionada con la agresividad. Estas sesiones se repetían tres veces en días diferentes. Al terminar, se les volvían a hacer las mismas 40 preguntas.

El estudio, que estaba coordinado por los psicólogos Andrés Molero, de la Universidad de Huelva, y Guadalupe Nathzidy Rivera, de la Universidad Autónoma de Baja California, en México, mostró caídas de hasta un 37% en sentimientos como la agresividad. Sus resultados fueron dados a conocer en enero en la revista especializada Neuroscience y fueron divulgados en marzo en la revista británica New Scientist.

Esta primera fase del experimento contó con el visto bueno de Prisiones, que entonces exigió a sus autores que cumplieran con la Ley de Protección de Datos para preservar el anonimato de los reclusos, que la participación de estos fuera voluntaria y que, además, hicieran un consentimiento por escrito. También reclamó a los científicos que enviaran una copia del informe con los resultados. Ninguno de los 41 presos recibió nada a cambio.

La segunda fase del estudio había sido autorizada el pasado 22 de enero y se iba a iniciar en marzo. Sin embargo, Interior lo paralizó al trascender los detalles del experimento. Entonces, solicitó a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria un informe sobre los posibles efectos en los internos que participaran y si se ajustaba al Régimen Penitenciario. Esta norma, en su artículo 211, exige que para someter a los reclusos a investigaciones médicas, estas deben ser aprobadas por una comisión ética y que de las mismas se espere “un beneficio directo y significativo” para la salud de interno “y con idénticas garantías que las personas en libertad”. Expertos en bioética consultados entonces por este diario respaldaron el experimento y decían no entender por qué se había paralizado.