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Valencia, en manos de los indecisos

Un total de 3,6 millones de electores deciden este domingo en la Comunidad Valenciana si la coalición de izquierdas sigue al frente del Gobierno autónomo o es un paréntesis después de dos décadas de hegemonía del PP

elecciones cortes valencianas 2019
Una multitud de gente ocupa la plaza del Ayuntamiento de Valencia el pasado mes de marzo.

Los electores valencianos deciden este domingo con su voto si la coalición de izquierdas que gobierna la Generalitat valenciana desde 2015, formada por socialistas y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos, se consolida o representa solo un paréntesis tras dos décadas de hegemonía del PP. Ya pasó en Galicia, cuando el bipartito formado por el PSdeG y el BNG le arrebató al PP el Gobierno autónomo en 2005 para perderlo cuatro años después por un escaño aunque con más votos. En la Comunidad Valenciana, los sondeos demoscópicos han otorgado a lo largo de la campaña una ligera ventaja al bloque de la izquierda pero el porcentaje de indecisos, la volatilidad del voto y la incógnita del resultado de Vox dibujan un escenario abierto.

La cita de los valencianos con las urnas es doble: los más de 3,6 millones de electores elegirán a los 32 diputados al Congreso y 12 senadores que le corresponden en la convocatoria de elecciones generales, y a los 99 parlamentarios autonómicos después de que el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, adelantase el pasado 4 de marzo, por primera vez en su historia, los comicios autonómicos, haciéndolos coincidir con las elecciones generales convocadas por el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta circunstancia tiene un aliciente especial para los analistas políticos. Es la primera vez que esto pasa en una comunidad con un sistema de partidos distinto del conjunto de España por la presencia de una formación valencianista como Compromís. En Andalucía hubo coincidencia de citas durante cuatro convocatorias consecutivas (1996, 2000, 2004 y 2008), pero la conformación de las fuerzas políticas era bastante parecida a la del resto del Estado, ya que el Partido Andalucista había perdido entonces mucha fuerza y, de hecho, acabó desapareciendo del Parlamento regional. La coincidencia da pie a averiguar hasta qué punto el electorado muestra preferencias distintas según voten para las generales o las autonómicas al escoger las papeletas.

Los tres partidos que sostienen el Ejecutivo valenciano apuestan por reeditar el pacto de gobierno, siempre que la coalición Unides Podem-EU alcance el 5% de voto exigido para entrar en el Parlamento autonómico. En el bloque de la derecha, PP y Ciudadanos están dispuestos a llegar a un pacto como en Andalucía si cosechan una mayoría suficiente para gobernar.

La valenciana ha sido una campaña disputada, con cuatro debates y ningún cara a cara, donde la coalición del Botánico ha sacado pecho por sus políticas sociales y por “devolver limpieza y dignidad” a la política autonómica, salpicada en la última década por constantes escándalos de corrupción relacionados con los mandatos del PP.

A diferencia de las elecciones pasadas, en las que casos como Gürtel, Nóos, Brugal, Emarsa o Imelsa protagonizaron la contienda, en las semanas previas al 28-A la corrupción apenas se ha mencionado a pesar de que no cesa el desfile de antiguos cargos populares por los tribunales. La preocupación de la sociedad valenciana por estos escándalos ha descendido, según ha certificado el CIS. Su barómetro de abril reveló que la cuestión preocupa ahora cinco puntos menos en la Comunidad Valenciana que en el conjunto de España (33%).

El bloque de la derecha ha atizado al Gobierno valenciano por las listas espera en la sanidad pública, por el requisito del valenciano en la Administración y en la educación, por sus presuntos postulados pancatalanistas, y por los miles de alumnos que todavía estudian en barracones escolares pese a los avances logrados en la legislatura. En este maremágnum dialéctico de la campaña electoral, las demandas contra la infrafinanciación de la comunidad —deja cada año de recibir del Estado 1.000 millones de euros que equivalen al 1% de su PIB— ha sido el único asunto que ha unido a los principales partidos.

Nuevo mapa político

Una de las incógnitas que se despejarán con los resultados de los comicios es qué pasará con los líderes de cada formación. PP, Ciudadanos y Vox se presentan a las urnas con caras nuevas, al igual que Unides Podem-EU. Repiten el presidente socialista Ximo Puig y la candidata de Compromís, Mónica Oltra. Ni Puig ni Isabel Bonig, la presidenta y candidata del PP valenciano, están en sintonía con las direcciones nacionales de sus respectivos partidos. Si la derrota de cualquiera de ellos coincide con un buen resultado de los líderes nacionales de sus respectivos partidos, se puede dar paso a un conflicto interno profundo.

A la espera de que las urnas despejen el nuevo mapa político valenciano, la consejera de Justicia y Administración Pública de la Generalitat, Gabriela Bravo, anunció este sábado un dispositivo electoral compuesto por unas 5.000 personas, que trabajarán para que la jornada transcurra con normalidad. Los comicios costarán al erario público 3,5 millones de euros.

En esta jornada, un total de 164.779 jóvenes votarán por primera vez en las 6.044 mesas electorales previstas en la comunidad. El recuento de las elecciones a las Cortes comenzará “más tarde”, según la consejera, y, por tanto, el proceso de recepción y difusión de los resultados será “más lento” que en anteriores ocasiones. La coincidencia de ambos comicios obliga a establecer un orden por el que los primeros resultados en conocerse serán los del Congreso de los Diputados y, seguidamente, se contabilizarán los del Senado. Por último se escrutará el voto autonómico.

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