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La Guardia Civil implica por primera vez a Esperanza Aguirre en la trama corrupta de Púnica

El último informe policial incorporado al sumario la sitúa en las reuniones en las que se decidió favorecer con contratos públicos a una empresa que hizo campañas electorales al PP

Esperanza Aguirre Punica
Esperanza Aguirre y Francisco Granados, en un acto del Partido Popular en octubre de 2011.

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre participó en reuniones de altos cargos de su Ejecutivo en las que supuestamente se acordó favorecer con contratos públicos a una empresa de publicidad que trabajó en sus campañas electorales de 2003 y 2007, según un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica el 25 de marzo. Es la primera vez que un documento policial implica a la exlíder popular en amaños de la trama. A preguntas de este diario, Aguirre negó su participación en actos ilegales. En la causa ya están imputados sus dos hombres de confianza: Ignacio González y Francisco Granados.

El informe, de 205 folios y 14 tomos de anexos, analiza exhaustivamente “las relaciones comerciales de la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas madrileñas” con las sociedades de marketing y publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado. Los agentes concluyen que el Gobierno regional que encabezaba Aguirre utilizó “la publicidad institucional [...] con el único objetivo de encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del PP regional al frente de las instituciones, todo ello sufragado con fondos públicos”. Mercado, imputado tanto en el caso Púnica como en el sumario sobre la financiación irregular del PP balear en la etapa de Jaume Matas, fue el principal beneficiado de esas supuestas irregularidades. Su entramado de empresas recibió contratos por un valor superior a los 7,4 millones de euros.

El documento policial destaca que, para beneficiar a Mercado, el Ejecutivo de Aguirre modificó en 2006 varias leyes autonómicas para que cualquier adjudicación, tanto de las consejerías como de empresas públicas y órganos autónomos de la Comunidad de Madrid, necesitase la “autorización previa” de la Vicepresidencia del Ejecutivo regional, que entonces ocupaba Ignacio González, también imputado en la causa. Una vez modificado el marco legal, supuestamente se impartieron “instrucciones precisas” a varios consejeros para que las empresas Over Marketing Comunicación, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing, y Link América, todas ellas propiedad de Mercado, fueran favorecidas con adjudicaciones.

Un millonaria caja b para campañas

La trama Púnica, investigada en la Audiencia Nacional, extendió sus tentáculos por varias autonomías, pero fue en Madrid donde consiguió los mayores beneficios de la mano de Francisco Granados, exconsejero de Esperanza Aguirre, supuesto cabecilla de la red de corrupción. Los cientos de amaños ya detectados por los investigadores enriquecieron a los principales implicados, pero también nutrieron la supuesta caja b del PP de Madrid.
Ese dinero permitió a los populares concurrir en la región a los diferentes comicios municipales, autonómicos e incluso generales gastando en las campañas cantidades muy superiores a las que autoriza la ley. En las elecciones regionales de mayo de 2011, en las que Aguirre encadenó su tercera mayoría absoluta y logró la mayor victoria electoral de su carrera política, el PP regional gastó en propaganda 6,2 millones de euros, casi el doble del límite legalmente establecido. De este montante, al menos 1,25 millones de euros provienen de una caja b que manejaba el entonces gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, y que se nutría de fondos aportados por Granados e Ignacio González. Los tres están imputados.

Esas instrucciones surgieron de varias reuniones celebradas en fechas que la Guardia Civil no ha podido concretar, en las que participó Esperanza Aguirre junto a Ignacio González y Francisco Granados. También intervinieron en ellas el viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo,—actualmente en prisión condenado por el caso Gürtel— y el consejero de Sanidad Manuel Lamela, así como la responsable de comunicación de la Comunidad, Isabel Gallego, y el propio empresario. Aguirre fue situada en estas reuniones por dos de los participantes: Lamela y el propio Mercado.

Según recoge el informe de manera destacada, Lamela confirmó en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que en estas reuniones “se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación”. El entonces consejero admitió ante los agentes que, tras recibir estas indicaciones, dio instrucciones en ese sentido a su asesor técnico. A partir de ese momento, las cuatro empresas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoción de la construcción de una decena de hospitales y centros médicos, así como para otras campañas publicitarias del departamento. Los agentes aprecian delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.

Recompensado

El informe recalca que también el empresario argentino confirmó la presencia de Aguirre en dichos encuentros. Mercado aseguró que en los mismos “se transmitió tácitamente que el esfuerzo que realizarían” sus empresas en las campañas electorales “sería recompensado mediante la adjudicación de contratos públicos”. También detalló que fueron los entonces hombres de la máxima confianza de Aguirre, el vicepresidente Ignacio González y el consejero de Presidencia, Francisco Granados, los que le indicaban a qué altos cargos de las consejerías de la Comunidad de Madrid debía visitar para conseguir esas adjudicaciones.

El empresario también acusó a ambos dirigentes populares de ser los que le indicaron que hablara con el gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, sobre cómo ocultar parte de los gastos de campaña mediante facturas falsas que eran abonadas por empresas constructoras adjudicatarias de contratos de la Comunidad de Madrid. “Nosotros el servicio lo hicimos para el PP de Madrid, solo que lo facturamos a un listado de empresas que ellos nos dieron”, afirmó Mercado ante el juez. Por este sistema, Over cobró 88.708 euros de la campaña de 2007, según destaca la Guardia Civil.

Bolsos de lujo, entradas VIP y cajas de vino

El empresario Daniel Horacio Mercado sabía engrasar las relaciones con los responsables de las administraciones del PP que le otorgaban contratos. Entre la documentación intervenida en sus empresas, y que forma parte del sumario del caso Púnica, figura un listado de regalos supuestamente efectuados en 2007 a políticos como la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre, su vicepresidente, Ignacio González, y prácticamente todos sus consejeros. También aparece Cristina Cifuentes, en aquel momento vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.
Los obsequios consistieron, según el informe, en la asistencia al palco VIP del Open de Madrid de Tenis, bolsos, monederos y corbatas de Louis Vuitton, Loewe y cajas de vino. Mercado dividía los regalos en función de la relevancia de los destinatarios: los clasificaba en VIP, A (Alto), M (Medio) y B (Bajo). Para Aguirre el regalo consistía en un paquete “especial” de la floristería madrileña Alfabia. Mercado también cuidaba a las dos secretarias de la presidenta, a las que les asignó supuestamente un regalo, también “especial” de Loewe, según el listado. El mismo que presuntamente recibió Cifuentes.

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