La UCO implica a 10 cargos del PP en amaños de la trama

La Guardia Civil ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, un nuevo informe en el que recoge "sólidos elementos probatorios" desconocidos hasta ahora sobre la supuesta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre y, en concreto, de su campaña a las autonómicas de mayo de 2011. En aquella cita electoral, Aguirre encadenó su tercera mayoría absoluta y disparó la representación de su partido en la Asamblea de Madrid hasta los 72 escaños de 129 posibles tras gastar 6,2 millones de euros en propaganda electoral, casi el doble de lo legalmente establecido.

El nuevo documento policial, fechado el pasado 8 de febrero, concluye que las nuevas pruebas recabadas implican a diez cargos públicos y altos cargos del Ejecutivo de Aguirre como "partícipes" en el supuesto amaño de varias licitaciones de las consejerías de Medio Ambiente y Hacienda de aquel año, y en los que resultó beneficiada mediante sociedades interpuestas "una de las principales empresas encargadas de realizar la campaña electoral" del PP regional, El Laboratorio de Almagro 36 SL.

En concreto, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) citan a los que fueran consejeros Borja Sarasola -entonces viceconsejero de Presidencia y que declaró como investigado ante la Guardia Civil en diciembre de 2017-, Ana Isabel Mariño -aún diputada autonómica y, por tanto, aforada-, Lucía Figar -ya imputada en la causa por otros supuestos amaños- y Regina Plañiol. Junto a ellos, la Guardia Civil implica también a los entonces secretario general técnico de Economía y Hacienda, Francisco Lobo; al director general de Tributos, Fernando Prats; a la subdirectora general de Gestión Económica, Milagros Blanco; y al subdirector general de Planificación y Coordinación, Pedro Alejo Irigoyen. Lobo y Blanco ya tuvieron que declarar ante la Guardia Civil como investigados por estos hechos el pasado noviembre.

El documento policial también implica en los amaños a siete directivos de El Laboratorio de Almagro, cuyos "estrechos lazos" con "determinados cargos públicos de la Comunidad de Madrid vinculados al PP de Madrid" les permitió supuestamente conocer "varias semanas antes que el resto de las empresas" información detallada de los concursos públicos que se iban a convocar para, así, hacerse con ellos.

El nuevo informe de la UCO es ampliación de uno anterior de diciembre de 2018 en el que ya se concluía que con el amaño de estas adjudicaciones el PP pudo sufragar con dinero público parte de los elevados gastos de aquella campaña de Aguirre.