El futuro, entre dos modelos y cinco partidos

España decide el día 28 de abril cómo encarar su futuro. Es el tercer país del mundo con la esperanza de vida más alta (83,1 años) tras Japón y Suiza; tiene 47 millones de habitantes —el 10,5%, extranjero—; el Estado paga 9,7 millones de pensiones al año —le cuesta más dinero del que recauda para financiarlas y ese desfase ha devorado en apenas un lustro una hucha con 60.000 millones—, hay 19 millones de asalariados y 3,6 millones de parados (dos millones menos que hace cinco años); 10 millones de personas disponen de una renta por debajo del umbral de la pobreza (menos del 60% de los ingresos medios por unidad de consumo de los hogares); el Estado gasta más dinero del que ingresa (las cuentas llevan más de una década en números muy rojos); la deuda supera el billón de euros, lo que provoca unos enormes gastos financieros que arañan cada año el presupuesto; la recaudación de impuestos recupera ahora los niveles alcanzados hace 10 años; 60.000 inmigrantes llegaron al país por vías irregulares en 2018, mucho más del doble que el ejercicio anterior; hay cinco millones de extranjeros empadronados, 700.000 menos que hace una década.

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Dos modelos de gestión se enfrentan en las decimocuartas elecciones generales de la reciente etapa democrática. Están situados a izquierda y derecha —cada uno con sus variantes—. Las alianzas que decidan los cinco partidos que representan esos modelos —PSOE y Podemos, a un lado; PP, Ciudadanos y Vox, al otro— darán forma al nuevo Gobierno. Estas son sus recetas para solucionar algunos de los principales problemas del país:

Cataluña: de una nueva intervención a más autogobierno. El futuro de Cataluña se dirime el 28-A. Tres de los cinco partidos que pueden formar Gobierno, PP, Ciudadanos y Vox, apuestan por la receta más dura conocida en democracia. Prometen una intervención de la autonomía para que la educación, los medios de comunicación, las cárceles o los Mossos pasen a depender por un tiempo indeterminado del Gobierno central.

Aunque es dudoso que se pueda aplicar el artículo 155 —aún está pendiente la sentencia del Constitucional a un recurso de Podemos donde el tribunal establecerá por primera vez qué requisitos permiten imponer esa medida extraordinaria—, los tres líderes de la derecha (del centro a la extrema) prometen que si ganan y forman Gobierno nada seguirá igual en Cataluña.

El PP lo escribe así en su programa: "Con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional y para proteger el correcto ejercicio de autonomía de Cataluña, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución aplicaremos, por el tiempo que resulte inexcusable, cuantas medidas sean necesarias". Casado apunta sus prioridades para intervenir Cataluña: "Educación, régimen penitenciario, medios de comunicación y hacienda pública". Albert Rivera, de Ciudadanos,  preguntará antes al presidente catalán si respeta la Constitución. Y si la respuesta es negativa, intervendrá. Santiago Abascal (Vox) defiende no solo intervenir Cataluña sino eliminar las autonomías como forma de organizar el Estado.

El PSOE no se pronunció sobre Cataluña en la presentación de sus 120 compromisos para gobernar España, pero el candidato Pedro Sánchez aclaró que su partido apuesta por la integridad territorial, el cumplimiento de la Constitución y el rechazo a la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Los socialistas rechazan la independencia de esa comunidad y apuestan por mejorar el autogobierno garantizando el blindaje de determinadas competencias y recuperar partes del Estatuto de Cataluña que anuló el Constitucional. Unidas Podemos va más lejos sin aclarar en su programa el significado concreto de su apuesta: "Resolución democrática del conflicto catalán. Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España".

Igualdad: la ley contra la violencia machista sigue vigente. La ley contra la violencia machista no corre peligro; pese a los postulados de Vox, que incorpora a su programa electoral la derogación de esta norma.

El PP y Ciudadanos, sus probables aliados para un Gobierno de derechas, defienden el mantenimiento e incluso reforzamiento de esta norma; además de comprometerse con resolver la brecha salarial entre hombres y mujeres, como también hace la izquierda.

El PSOE y Podemos plantean nuevas leyes para combatir desigualdades y blindar derechos de mujeres y colectivos LGTBI; el PP defiende profundizar en la formación en igualdad de educadores, sanitarios, policías y medios de comunicación.

Podemos fija un plazo de cuatro años para lograr la paridad en distintos órganos públicos como el Consejo de Ministros, los tribunales superiores de justicia o el Tribunal Supremo, donde ahora la proporción de mujeres no llega al 15%.

Para evitar sentencias como la dictada en Navarra contra cinco jóvenes (La Manada) que abusaron de una mujer, el PSOE propone modificar "la tipificación de los delitos sexuales para darle a la ausencia de consentimiento su adecuado tratamiento —si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no— y suprimir el delito de abuso sexual que no transmite adecuadamente el carácter coactivo a todo comportamiento sexual que se impone a otra persona". Unidas Podemos comparte este criterio.

Impuestos: dos mundos fiscales. Las rentas más altas, las grandes fortunas, las grandes empresas y los bancos pagarán más impuestos que ahora si la izquierda forma Gobierno. El PSOE evita detallar su reforma fiscal pero anuncia la creación de nuevos impuestos para las transacciones financieras, para los servicios digitales y un aumento del IRPF para los ingresos más altos.

El PP promete una considerable bajada del IRPF en el tramo más alto (del 45% al 40%), un recorte del Impuesto de Sociedades por debajo del 20% y la eliminación de los impuestos de Sucesiones, de Patrimonio y de Actos Jurídicos Documentados; mientras que Ciudadanos prefiere la tibieza dentro del recorte (del 45% al 44%), propone tapar los caminos que permiten reducir el coste del Impuesto de Sociedades vía desgravaciones y apoya la supresión del impuesto que grava las herencias. Vox, el tercer aliado para un Gobierno que repita la fórmula andaluza, promete idénticas rebajas, en algún caso aumentadas. La multimillonaria sangría de ingresos para el Estado se compensa, según cuentan estos partidos, con el aumento de la actividad económica que se producirá, lo que permitirá recaudar más por los impuestos ya existentes.

Pensiones: la incertidumbre ante una quiebra. Las 9,7 millones de pensiones pagadas a 8,8 millones de pensionistas —hay quienes cobran varias— costaron 144.834 millones de euros en 2018. Las últimas reformas legales alargaron la edad de jubilación a los 67 años (Zapatero, 2010) y modificaron el método para calcular la subida anual (Rajoy, 2014) de manera que no se garantizaba el poder adquisitivo de los pensionistas. Con estas medidas se intentaba hacer frente al déficit del sistema, pero no ha sido posible. La recaudación por cotizaciones sociales para financiar el pago de pensiones, pese al considerable aumento del empleo en los últimos cuatro años, deja un agujero próximo a los 18.000 millones de euros cada ejercicio. La hucha de las pensiones, que llegó a sumar 60.000 millones de euros, se agotó para tapar agujeros.

Los programas electorales no aclaran las soluciones a este grave inconveniente. Los partidos son conscientes del problema, todos ellos garantizan en sus programas electorales el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y apuestan, de momento, por las palabras para curar los problemas de financiación del sistema: "Consolidaremos las reformas para asegurar su sostenibilidad y suficiencia", promete el PP.

"Reformaremos la actual regulación del factor de sostenibilidad promoviendo un diseño compartido con los interlocutores sociales", escribe el PSOE.

La formación de Unidas Podemos plantea una medida concreta para aumentar la recaudación con la que pagar las pensiones: "Eliminaremos los topes de cotización de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más a la seguridad social".

Vox propone un sistema mixto de capitalización y reparto para los que tengan menos de 45 años, basado en una especie de planes privados de pensiones a los que llegaría el 50% de lo que los trabajadores aportan ahora a la Seguridad Social a través de las cotizaciones sociales.

Empleo-reforma laboral: reforzar o cambiar. Los dos modelos para gestionar el empleo en España chocan frontalmente al abordar la reforma laboral. Mientras la derecha apoya las medidas que permitieron reducir derechos de los trabajadores y abaratar el despido (Vox defiende incluso recortar a la mitad las condiciones actuales y el PP propone "profundizar en los avances en flexibilidad del mercado de trabajo alcanzados en 2012"), la izquierda plantea derogar algunos aspectos de la norma para recuperar derechos de los trabajadores.

Casi todos los partidos prometen mejoras para los autónomos en forma de rebajas fiscales o ayudas directas a la creación de empleo y apertura de empresas. Y todos se comprometen a trabajar por la contratación indefinida y a reducir el número de contratos existentes hoy en el mercado laboral español. El PP promete que quienes sigan en activo más allá de los 67 años tendrán exenciones en el pago del IRPF. También casi todos defienden equiparar el permiso de paternidad con el de maternidad.

Del salario mínimo interprofesional (SMI) sólo hablan, para prometer nuevas subidas, el PSOE y Podemos. El acuerdo político entre estas dos formaciones permitió el pasado año aprobar el mayor aumento de la historia en el SMI hasta alcanzar los 900 euros.

Inmigración: regulación ordenada o deportar irregulares. La llegada de inmigrantes a España sin permiso de residencia o trabajo aumentó un 130% el pasado año. Casi 60.000 extranjeros entraron en el país por vías irregulares. España tiene ahora cinco millones de extranjeros empadronados sobre una población de 47 millones; son 700.000 extranjeros menos que hace solo diez años. La crisis económica rebajó la presión migratoria sobre España. Con la salida de la crisis, vuelven las llegadas masivas inmigrantes.

El PP plantea una lucha contra las mafias de la inmigración, refuerzo de las medidas de seguridad en las fronteras del sur y una ampliación de los tratados internacionales "de retorno y expulsión de inmigrantes irregulares". Y dedica un apartado de protección especial para los venezolanos: "Un Estatuto que les concederá entre otras cosas un permiso de residencia, desplazamiento libre por el territorio y un permiso de trabajo".

El PSOE defiende "facilitar los flujos ordenados de inmigrantes, siempre con el máximo respeto a los derechos humanos", mientras Podemos pide el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), propone facilitar "visados humanitarios" y crear "visados especiales por búsqueda de empleo", además de "flexibilizar los procesos de reagrupamiento familiar".

Vox apuesta por la "deportación" de "inmigrantes ilegales" o de "inmigrantes legales que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o cometido algún delito grave" y levantar "un muro infranqueable en Ceuta y Melilla". Respecto a los extranjeros sin papeles que ya viven en España, propone un endurecimiento de su situación eliminando "la institución del arraigo como forma de regularización". Vox plantea que solo en función de las necesidades de la economía española, se establecerán cuotas privilegiando a inmigrantes que comparten idioma, o sus países tienen importantes lazos de amistad y cultura con España.

La España abandonada: todos prometen todo. La fragmentación de partidos a izquierda y derecha hace que los casi 100 escaños que se deciden en las 19 provincias de la España despoblada resulten claves para sumar mayorías suficientes de Gobierno. La irrupción de Vox, que disputa por primera vez a PP y Ciudadanos los escaños en esos territorios, ha complicado todavía más esta batalla electoral.

Los programas de los partidos se vuelcan como nunca en promesas hacia el mundo rural y prácticamente todas las formaciones garantizan un futuro con más y mejores servicios para esos territorios: refuerzo de la atención sanitaria, ventajas fiscales para establecerse y abrir empresas, reducción de impuestos, banda ancha para la conectividad a alta velocidad, más guardia civil (PP), planes especiales de desarrollo rural, forestales y turísticos o acceso prioritario a la tierra para la juventud (Unidas Podemos).