La lucha anticorrupción naufraga en Galicia

Hubo un tiempo en el que los juzgados gallegos hacían temblar el suelo de políticos y empresarios de buena parte de España. Entre 2009 y 2015, registros y pinchazos telefónicos ordenados desde la esquina noroeste de la Península llevaron al calabozo a siete alcaldes (seis gallegos y un catalán) y propiciaron la imputación de más de 450 personas, incluidos policías y guardias civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y hasta un ministro. Fueron 12 los sumarios de corrupción de mayor impacto pero, una década después, los tribunales solo han logrado dictar 22 condenas, entre ellas la de Oriol Pujol en Cataluña.

Las descomunales investigaciones de la Operación Carioca, Campeón, Pokémon, Pulpo o Cóndor, algunas de ellas con ramificaciones en Asturias, Cataluña y Murcia, han fulminado la carrera política de quien estaba llamado a suceder a Artur Mas al frente de la Generalitat, de históricos regidores e incluso de un candidato del PSOE a la Presidencia de la Xunta. Pero por el camino han tropezado con el déficit de medios de los juzgados, delitos prescritos, anulaciones de escuchas y farragosos conflictos de competencias entre órganos judiciales.

La titular del pequeño juzgado de instrucción número 1 de Lugo, el que más macrocausas ha abierto, acaba de ser sancionada por una demora en su instrucción que el Consejo General del Poder Judicial considera injustificada. Si se confirma el castigo, la juez, que llegó a pedir sin éxito al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la imputación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por recibir regalos de un relevante empresario, perderá todos los casos (Carioca, Pokémon, Pulpo y Cóndor) y también el destino.

El último gran fiasco se ha producido a casi 200 kilómetros de Lugo. Es el desmoronamiento de la Operación Orquesta, una causa por amaño de adjudicaciones de obras que sacudió Costa da Morte en 2011 con tres alcaldes de PP, PSOE y un partido independiente detenidos. De los casi 30 imputados fueron exonerados todos excepto seis, entre ellos el regidor independiente de Cee. Aunque la fiscalía pide para Ramón Vigo más de 20 años de cárcel, la reciente anulación de los pinchazos en los que se basaban las acusaciones augura otro archivo.

Lo mismo ocurrió con la Operación Rei, una presunta trama de sobornos en la provincia de Lugo a cambio de contratos públicos que explotó con la detención del alcalde socialista y seis concejales de Castro de Rei y con la entonces vicepresidenta de la Diputación de Lugo y actual alcaldesa de la capital, Lara Méndez (PSOE), retenida durante horas en comisaría aunque luego liberada de cargos. Las escuchas fueron anuladas y los ocho procesados, absueltos.

Detrás de este derrumbe de sumarios Juezas y Jueces para la Democracia ve una “insuficiencia” de medios de investigación y una ley de enjuiciamiento criminal anticuada. Sobre la anulación de pinchazos, Sandra Piñeiro, coordinadora en Galicia de la organización, subraya que la “regulación completa” de las escuchas no fue introducida en esta norma hasta 2015 y que no es hasta 2017 cuando los instructores reciben del Poder Judicial una guía de buenas prácticas para afrontar este tipo de casos.

Piñeiro reclama medidas e inversiones en justicia para resolver problemas como la “falta de preparación técnica” de los funcionarios, la “necesidad de expertos en contabilidad o finanzas” y la escasez de profesionales de la magistratura. Apunta que España cuenta con 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de media en los países en el Consejo de Europa. Cuanto más volumen de asuntos tiene un juez, esgrime, “más baja” será la “calidad” de sus resoluciones y “más facilidades” tendrán las defensas de los acusados para atacarlas.

En esta década solo se han celebrado juicios en cinco de las 12 operaciones anticorrupción más importantes. Mientras los casos Orquesta y Rei acabaron en absoluciones generalizadas, en el fraude de subvenciones de la Campeón, sumario en el que llegaron a ser investigados el exministro socialista José Blanco, una consejera del actual Gobierno de Feijóo y un exconsejero del BNG, se condenó a 13 personas en Galicia —un excargo del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y un exdiputado del PP, entre ellos— y seis en la rama catalana.

El expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar (PP) recibió una pena de nueve años de inhabilitación por enchufar a un centenar de afines políticos y en el caso Multas, que sentó en el banquillo a 23 personas por perdonar sanciones de tráfico en Lugo, entre ellas alcaldes, exdiputados y hasta un exdeán de la catedral, solo se castigó a dos acusados. Uno de ellos es el exsubdelegado del Gobierno Jesús Otero (PSOE), para quien la Fiscalía pedía siete años de prisión. Fue condenado a tres meses.

Antes de llegar al banquillo se han anulado las actuaciones contra el expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán (PP) en un caso de supuesto cohecho impropio por unos alquileres. Él es, sin embargo, el único político que queda entre los 14 investigados en la Operación Patos, una supuesta trama de amaño de contratos públicos en la provincia de Pontevedra en la que el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE) llegó a estar entre el medio centenar de imputados.

La plataforma ciudadana Impunidade Carioca nació para combatir el desmoronamiento de la Operación Carioca. La mayor investigación en España contra la explotación sexual de mujeres y las connivencias entre políticos, policías y proxenetas desbordó los juzgados de Lugo con sus más de 80 investigados, entre ellos una veintena de agentes del orden. Diez años después de su estallido, han sido archivadas cerca de la mitad del medio centenar de piezas en las que fue troceada la instrucción, en muchos casos por prescripción o con polémicas resoluciones de la fiscalía.

“El nivel de exigencia probatoria es mucho mayor con acusados de relevancia pública que con delincuentes comunes”, sostienen desde Impunidade Carioca. “Son los casos que afectan a personas con poder los que dan pie a las grandes doctrinas sobre garantías procesales como la de Botín o Naseiro”. Esta plataforma subraya que la “tremenda” falta de medios de los juzgados depende de Administraciones dirigidas por compañeros de partido de los imputados, por lo que “es una vía para ahogar las investigaciones”: “La sociedad debe evaluar si estos casos no se están castigando penalmente porque no hay nada o por estos otros factores”.

El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, rechaza que la justicia sea más garantista con el delincuente de guante blanco que con el robagallinas. “No nos engañemos, ser garantista no es dilatar un asunto ni tampoco hacerlo más complejo”, afirma. “La diferencia está en que al delincuente común lo pillas con las gallinas en la mano y le aplicas penas mínimas porque es un desamparado social. Pero el delincuente de guante blanco pone sofisticadas trabas para que sea más difícil pillarlo y para buscar evidencias entran en juego derechos como la intimidad o la protección de datos por lo que hay que ser muy cauto”.

Juezas y Jueces por la Democracia advierte que la politizada elección de los integrantes de las más altas instancias judiciales como el Tribunal Supremo o el Constitucional también influyen en el desenlace de estas causas porque son las que resuelven los recursos y los casos que afectan a aforados. “Su forma de elección no responde a los principios de mérito, igualdad y transparencia y hace que acaben siendo delegaciones de los partidos políticos”, critica la representante de los jueces.

Varios letrados de quienes están o han estado imputados durante años se han preguntado públicamente quién repara la “pena del telediario”. La última queja la lanzó en noviembre Evaristo Nogueira, exdecano de los abogados de Santiago, cuando fueron archivadas las imputaciones en el caso Campeón que llevaron al exconsejero gallego Fernando Blanco a dejar la política: “Una instrucción no puede durar ocho años, es inconcebible en un Estado de derecho. Hay unas consecuencias irreparables, políticas y personales, que no tienen vuelta atrás”.