Archivada respecto a 23 imputados la gran causa por corrupción de Pontevedra

Cuatro años después de que la Fiscalía Anticorrupción pusiera la lupa contra casi una veintena de políticos que fueron imputados por presuntas irregularidades en contratos públicos, la causa ha dado un vuelco este miércoles al archivar la jueza instructora la imputación de todos ellos, excepto para el que entonces presidía la Diputación de Pontevedra y actual titular de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán.

En un auto, la juez María del Carmen García Campos acuerda archivar por falta de pruebas las investigaciones contra el alcalde, Abel Caballero, la exdelegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, y los concejales del Ayuntamiento vigués, los socialistas Isaura Abelairas y David Regades, y del edil popular José Manuel Figueroa.

La magistrada confirma así el informe que emitió el fiscal en julio pasado en el que había pedido el archivo de los 23 imputados que ahora quedan definitivamente fuera del proceso y reproduce los mismos razonamientos para sobreseer parcialmente la causa. Dice el auto que el informe de la fiscalía es “exhaustivo y riguroso” por lo que la juez solo incide en “la concurrencia inicial de una serie de indicios que exigían el debido esclarecimiento de los hechos y la imputación de determinadas personas, habiéndose desarrollado una instrucción amplia con la práctica de cuantas diligencias se consideraron procedentes” para concluir que finalmente no resultaron “convincentes”.

En el proceso seguirá como imputado Rafael Louzán así como varios empresarios y técnicos para quienes la juez ha ordenado continuar el procedimiento de instrucción en piezas separadas sobre todos ellos. Al que entonces era responsable de la Diputación de Pontevedra se le implica en la presunta trama corrupta como beneficiario de regalos y favores a cambio de adjudicaciones de obras para la constructora Eiriña cuyo titular es el empresario Enrique Alonso Pais para el que también se mantiene la imputación.

Alonso Pais es el eje principal de la causa y el “conseguidor” de la supuesta trama que ahora ha visto rebajadas sus expectativas judiciales. Registros en diversas instituciones y administraciones públicas, además de pinchazos telefónicos de los imputados y testigos de cargo llevaron a la brigada de la Udef de la policía a tirar del hilo del que sería el mayor caso de corrupción política en las Rías Baixas.

Los 13 imputados (de los 36 que hubo en la causa), entre los que se encuentran varios empresarios, técnicos de la Diputación, de la autoridad portuaria y del Ayuntamiento de Vigo, siguen en el punto de mira por los indicios que existen de que habrían cometido supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias o alteración de precios en la adjudicación de varias obras.

Entre los expedientes bajo sospecha por supuestas irregularidades están algunas obras realizadas por la Diputación como las que se ejecutaron en el campo de fútbol de Moraña, en un centro de la Comunidad de Montes de Coruxo o la presentación de presupuestos de acompañamiento en otras tres por el organismo provincial. El Fiscal también apreció en su último informe indicios de delito en la adjudicación de la ampliación del puesto de control anexo al escáner de contenedores del Puerto y en el pago por parte del gerente de Eiriña del servicio de prostitutas a un funcionario del Ayuntamiento de Vigo.