Carpetazo judicial a la corrupción urbanística en Sanxenxo

Tres jueces y un mismo fiscal fueron engordando desde marzo de 2011 la mayor causa de presunta corrupción urbanística abierta en Galicia que ahora ha quedado definitivamente archivada. Después de cinco años de investigaciones, el ministerio público ha decidido cerrar las dos causas que quedaban abiertas por los supuestos desmanes cometidos en plena burbuja inmobiliaria en Sanxenxo, un caso que implicó a cargos políticos, funcionarios municipales y constructores en este municipio durante el gobierno del PP.

El fiscal concluye que no ha encontrado ningún ilícito que sostenga un escrito de acusación por lo que ha pedido el archivo de las dos piezas separadas que, junto a otras tres ya cerradas, se abrieron en 2014 para agilizar las diligencias de investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio.

Basándose en la conclusión del fiscal de Cambados y al no haberse personado como acusación particular ninguno de los tres denunciantes que dieron origen a la causa matriz, el juzgado acordó el archivo de las diligencias, según confirmó el Tribunal Superior.

El carpetazo definitivo lo dará la Audiencia cuando resuelva el recurso que presentaron la mayoría de los implicados contra el auto de sobreseimiento libre decretado por la magistrada. Esta se basó en que de los hechos investigados no se ha deducido ningún ilícito penal pero alegan que el auto debe estar motivado en otro de los tres supuestos que contempla la ley por el que quedarían exentos de responsabilidad penal.

Esta investigación judicial, que pretendía sacar a la luz los excesos urbanísticos del epicentro turístico de las Rías Baixas, tuvo sin embargo un elevado coste político para el PP, que perdió las elecciones en uno de sus feudos históricos. La repercusión mediática del caso se cobró su primera víctima en la reelegida alcaldesa Catalina González, que quedó descolgada de la candidatura a las últimas elecciones municipales por su imputación en dos de las causas judiciales.

La guillotina también pasó en 2013 por la Gerencia de Urbanismo, la oficina que crearon los políticos para atender las demandas de construcción y que acabó situando al Ayuntamiento en unos niveles de endeudamiento que supondrán a largo plazo el 70% de su presupuesto.

En septiembre de 2015, el anterior instructor había acordado el archivo de tres de las causas pero dando traslado de las otras dos al fiscal para que formulara escrito de acusación. El magistrado dejaba entonces al margen de la causa a la que fuera máxima responsable de la gerencia municipal y actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas.

En un auto, el juez admitió que no había podido llegar al fondo de algunas de las actuaciones y en otras no apreció materia punible, solo falta administrativa, aunque describió ciertas “conductas tendenciosas” de los técnicos y actuaciones “irresponsables” que han causado perjuicios a propietarios de viviendas como las de la calle Progreso, que acabaron afectadas por una orden de derribo porque la licencia era ilegal y que tuvo que pagar el Ayuntamiento.

En las dos piezas separadas que ahora han sido archivadas estaban implicados, entre otros, la exalcaldesa, dos arquitectos municipales, dos técnicos y dos exasesoras de Urbanismo, además del que fuera concejal responsable de este departamento y los dueños de dos constructoras.