La anulación de las escuchas derriba un caso de corrupción con ocho procesados

El exalcalde socialista de Castro de Rei Juan José Díaz Valiño y los otros siete acusados en la conocida como Operación Rei, que desde 2009 investigó supuestas adjudicaciones ilegales en este municipio lucense, han sido absueltos de todos los cargos por la Audiencia Provincial de Lugo. La sentencia del juicio celebrado el pasado junio dictamina la "nulidad" de las escuchas telefónicas de las que fueron objeto los acusados y en las que se basaban las acusaciones.

La causa nació de las escuchas policiales de otro caso, la Operación Pollo, en el que se investigaba presunta explotación laboral de ciudadanos extranjeros. La policía detectó unas conversaciones sospechosas y la titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, ordenó abrir una nueva investigación y ampliar los pinchazos. La Sala concluye ahora que en aquellas primeras comunicaciones no hubo "razones" que pudiesen "permitir entender que se estaba cometiendo o se iba a cometer algún tipo de ilícito penal", por lo que "las primeras intervenciones telefónicas que se acordaron en esta causa carecían del presupuesto habilitante exigido jurisprudencialmente, lo que determina su nulidad", informa Europa Press.

La anulación de aquellas primeras escuchas "determina la producción del mismo efecto en todas aquellas otras pruebas directa o indirectamente relacionadas y derivadas" de ellas. "Resuelta la nulidad de las intervenciones telefónicas practicadas en la causa, en su integridad, la declaración de hechos probados se hace con fundamento en la ingente prueba documental obrante en autos y en las pruebas de carácter personal, interrogatorios de acusados y testificales", recoge la sentencia, que, una vez analizadas estas pruebas, concluye que los acusados deben ser absueltos.

Para la Sala "no existe prueba válida de los hechos en la forma que fueron objeto de las acusaciones", ya que los hechos acreditados "no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal", dice el auto. "No existe prueba alguna de que los acusados decidiesen previamente el adjudicatario y, aún sin que conste su participación delictiva, actuasen para conseguir esa adjudicación", añade.

La Audiencia de Lugo ya anuló en 2014 la instrucción del caso porque, a su juicio, la juez San José se había “arrogado” de forma “arbitraria” la Operación Rei cuando halló indicios de delito investigando la Operación Pollo. El Tribunal Supremo revocó aquella resolución y los acusados fueron finalmente procesados.

La Fiscalía acusaba al exregidor de Castro de Rei de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y cohecho, unos hechos por los que pedía 10 meses de cárcel, inhabilitación y multa. Para el que era teniente de alcalde por Terra Galega y que continúa como edil del PP Roberto Lorenzo, y para el exconcejal Antonio Balado, el Ministerio Público pedía nueve años de inhabilitación para cargo y empleo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Finalmente, para la secretaria municipal María José F.L. mantenía la acusación de falsedad en certificado, por la que pedía seis meses de suspensión de empleo en cargo público. La Fiscalía, que también presentó cargos contra un arquitecto, un empresario y un ingeniero, había retirado en sus conclusiones definitivas las acusaciones contra la exconcejala Ana Mato.