El juez cita como testigo al presidente del Grupo Zeta por el espionaje a Pablo Iglesias

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, ha citado a declarar como testigo a Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, dentro de la pieza separada en la que se investiga el espionaje de la policía patriótica a Podemos y su líder, Pablo Iglesias. La citación de Asensio se produce después de que Iglesias asegurase el pasado miércoles al magistrado que fue este empresario quien le entregó el dispositivo de memoria tras asegurarle que su grupo había descartado publicar su contenido. Finalmente, el periódico digital OK Diario hizo público parte de su contenido. En concreto, un cruce de mensajes entre miembros del partido en los que se hacía referencia a una conocida presentadora de televisión.

La investigación sobre el espionaje a Podemos se inició después de que la policía localizase en los registros efectuados en noviembre de 2017 en los domicilios y oficinas del comisario José Manuel Villarejo un pendrive que contenía el volcado de todos los datos de un teléfono móvil robado en 2016 a Dina Bousselham, ayudante de Iglesias durante su etapa en el Parlamento Europeo. El dispositivo recogía tanto información política como personal. Villarejo fue interrogado el pasado jueves por este hecho y se desmarcó de la sustracción del teléfono. Siempre según su relato, el dispositivo de memoria con aquellos datos llegó a su poder porque se los había facilitado el periodista Alberto Pozas, director entonces de la revista Interviú, editada por el Grupo Zeta, y que en la actualidad trabaja en la Secretaría de Estado de Comunicación para el presidente Pedro Sánchez.

En aquel interrogatorio, Villarejo admitió que entonces había en marcha "una investigación policial" sobre Podemos y su líder, y limitó su actuación en ella a "vehiculizar" hacia sus superiores los datos que obtuvo sobre la formación. Villarejo estaba entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, que dirigía el comisario Eugenio Pino, número dos de la institución y señalado por la comisión de investigación del Congreso como presunto responsable de la llamada brigada patriótica que espió a los "adversarios políticos" del PP durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, la investigación sobre el espionaje a Iglesias —y que ha dado lugar a la apertura de una nueva pieza separada en el sumario del caso Villarejo, la décima, que se mantiene secreta— no se centra únicamente en ese robo. Según destacan fuentes judiciales, el juez García-Castellón ha ordenado también recabar información sobre el origen y difusión del llamado informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias SA), un documento policial anónimo sobre las finanzas de Podemos que salió a la luz en 2016.

Su existencia se conoció al publicar el mismo diario digital una información que afirmaba que las arcas del partido se nutrían de fondos iraníes y venezolanos. Era la primera vez que se citaba el documento policial como informe Pisa. En los meses siguientes, otros medios publicaron diferentes datos recogidos en el mismo, aunque este carecía de sello de registro en los archivos policiales, del logotipo oficial de la Policía Nacional en sus hojas y de la identidad y firma de los agentes que supuestamente lo habían elaborado.