Martín Villa acudirá a Buenos Aires a declarar por los sucesos de Vitoria de 1976

Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales y de Interior en los primeros Gobiernos del reinado de Juan Carlos I, ha asegurado que acudirá a Buenos Aires para declarar ante la juez argentina María Servini sobre las responsabilidades que se le atribuyen en la muerte de cinco obreros en los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976 y en otras acciones violentas de la Transición. Tras haber rechazado la Audiencia Nacional el pasado octubre la comisión rogatoria de Servini para interrogarle en España, Martín Villa pidió de nuevo a la jueza argentina declarar en Madrid o en Buenos Aires. El pasado miércoles la jueza le ha citado para el 9 de septiembre en su juzgado de la capital argentina.

“Voy a ir a declarar porque llevo cuatro años y medio pidiendo al Juzgado que me permita responder a las acusaciones contra mí”, ha señalado el ex ministro y hombre de empresa, de 84 años. Desde que fue imputado en octubre de 2014, tras una querella del año 2010 de la Asociación para la Recuperación de la Memoria, Martín Villa no ha querido ampararse en la prescripción de los delitos ni en la Ley de Amnistía de 1977 porque sostiene que no ha cometido ningún delito.

En su resolución, firmada el pasado miércoles, la jueza argentina señala que la Justicia española ha denegado sus comisiones rogatorias porque los supuestos delitos de lesa humanidad que se le atribuyen han prescrito. Además, sobre estos delitos tampoco cabe aplicar la imprescriptibilidad -que entró en vigor en España en 2004- y no serían punibles en virtud de la Ley de Amnistía. También reconoce que la Cámara del Fuero argentino revocó la orden de prisión dictada por ella contra Martín Villa y que este ha depositado la fianza exigida para declarar en libertad.

El exministro pidió declarar ante el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Nº1 de Buenos Aires desde que se dictó la orden de detención contra él en octubre de 2014. Lo reiteró en 2015, antes y después de rechazar el Gobierno de España su extradición y la de otros 21 españoles, y lo repitió en 2016 tras denegar la Justicia española una comisión rogatoria para interrogar a todos los imputados. En noviembre de ese año envió una carta personal a la jueza para que le tomase declaración en Madrid o en Buenos Aires.

En mayo de 2018, tras una nueva petición de Martín Villa para declarar, la jueza argentina planteó una comisión rogatoria –procedimiento de auxilio judicial entre estados- para interrogarle en octubre de ese año en España. El titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, rechazó la comisión rogatoria y señaló que “Martín Villa ha intentado con cierta reiteración ponerse a disposición del Juzgado requirente, para prestar declaración en Argentina, habiéndose desestimado esta petición o no habiéndole dado respuesta distinta del libramiento de comisión rogatoria internacional”

Transcurrido casi medio año, la jueza ha anunciado que tomará declaración a Martín Villa dentro de cinco meses en Buenos Aires. Hace pocos días, la eurodiputada del BNG Ana Miranda había pedido a Servini en una reunión con ella que agilizase el enjuiciamiento de Martín Villa.

En diciembre de 2015, tras rechazarse por primera vez la extradición y la comisión rogatoria, Martín Villa envió a Servini un acta notarial con aclaraciones sobre su situación y su papel en los sucesos de Vitoria. “No soy responsable de la represión policial –expresión utilizada por los querellantes- y tampoco podía haber organizado tal represión ya que en marzo de 1976 no tenía autoridad alguna sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, se lee en ese documento ante notario.

En ese acta, Martín Villa niega la acusación “injuriosa” de una de las entidades querellantes de que firmó penas de muerte. “Yo formé parte por primera vez de un Gobierno tras la proclamación de don Juan Carlos I como Rey. Desde entonces, ningún tribunal civil o militar ha dictado penas de muerte en España”.

Respecto a la matanza de Vitoria, el expolítico aclaraba a la juez Servini: “La intervención de Adolfo Suárez, Alfonso Osorio [vicepresidente, fallecido el pasado agosto] y la mía comenzó la tarde del 3 de marzo, tras conocerse la noticia de las primeras muertes, y consistió en proponer y adoptar medidas que evitasen más violencia y que sirvieran para restablecer la normalidad en Vitoria sin recurrir al estado de excepción”. En esa fecha, Suárez era ministro secretario general del Movimiento y ocupaba interinamente las funciones de Gobernación –actualmente Interior- ya que su titular, Manuel Fraga, se encontraba de viaje oficial en la República Federal de Alemania.