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El Gobierno acuerda facilitar trámites de extranjería a los venezolanos

Más de 90.000 ciudadanos de Venezuela residen en España y ya suponen más de un tercio de los solicitantes de asilo

Manifestación de la oposición venezolana en Sol, en enero. Foto: Gabriela López.
Manifestación de la oposición venezolana en Sol, en enero. Foto: Gabriela López.

El Gobierno acaba de aprobar una instrucción para facilitar los procedimientos de extranjería de los ciudadanos venezolanos que residen en España. La ley exige documentos en vigor para iniciar numerosos trámites y la dificultad de los venezolanos para renovar sus pasaportes en los consulados les impide enfrentar la burocracia más básica. La nueva orden permite que puedan presentarse ante la Administración con un pasaporte que no esté en vigor para resolver procedimientos como la renovación de su estancia por estudios, la autorización de residencia no lucrativa o la reagrupación familiar.

A 1 de enero de 2018 había 91.228 venezolanos residiendo en España, según el INE, un número que prácticamente se ha duplicado desde 2014 coincidiendo con la crisis económica y política que atraviesa el país sudamericano. Los venezolanos son también los principales solicitantes de asilo en España y sus expedientes suponen el 36% de las 55.668 demandas realizadas el año pasado. El plazo de aplicación de esta flexibilización se mantendrá mientras “subsistan las circunstancias extraordinarias” que la han motivado, indica la instrucción.

“La imposibilidad de solicitar una autorización o sus renovación con un pasaporte caducado está generando entre los ciudadanos de nacionalidad venezolana una suerte de irregularidad sobrevenida puesto que, en la práctica, les está siendo imposible acceder a estos procedimientos debido a que no pueden renovar su pasaporte a través de los servicios consulares de su país”, mantiene el documento firmado por el Director General de Migraciones, José Alarcón, y el Comisario General de Extranjería y Fronteras, Juan Enrique Taborda.

La instrucción sigue la línea de una sentencia de junio de 2018 de la Audiencia Nacional en la que se establece un cambio de criterio para abordar la inacción del gobierno venezolano ante sus nacionales. La sentencia tiene en cuenta una recomendación de Acnur en la que se insta a los Estados a que garanticen a los venezolanos los mecanismos migratorios laborales para que no se vean forzados a retornar a Venezuela. Ni la presencia irregular ni la falta de documentos de identidad deben ser vistos como una razón válida para denegar el acceso a la residencia legal. El Defensor del Pueblo también emitió una recomendación en diciembre de 2018 para la Comisaría General buscara distintas alternativas para que los ciudadanos venezolanos pudiesen renovar sus autorizaciones de trabajo y residencia aunque no tuviesen el pasaporte en vigor.

El Gobierno ha tenido otros gestos ante la llegada de venezolanos. El Ministerio del Interior anunció en enero que los venezolanos que vean su solicitud de asilo denegada podrán optar a un permiso temporal de residencia por cuestiones humanitarias. Esta medida beneficiará en una primera fase a 400 venezolanos, según datos de Interior.

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