España rechaza tres de cada cuatro solicitudes de asilo

España se sitúa entre los cinco países de la UE con más solicitantes de asilo con un récord de más de 54.000 peticiones, pero tiene una tasa de reconocimiento mucho más baja que sus socios europeos que enfrentan el mismo desafío. En 2018 apenas se resolvieron 12.000 peticiones y solo se concedió protección a una de cada cuatro.

La tasa de admisión, que ha caído del 35% al 24%, es la más baja de los siete países europeos con más solicitudes analizados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). La lista la encabeza Alemania, que reconoce favorablemente el 50% de los expedientes. “Estos números nos dan una imagen negativa en cuanto a nuestra voluntad de aceptar a personas refugiadas”, lamentó al presentar los datos la directora general de CEAR, Estrella Galán.

Los datos de 2018 revelan el atasco que sufre la Oficina de Asilo, dependiente del Ministerio del Interior. Las solicitudes se resuelven con cuentagotas y ya se acumulan en los cajones 78.710 expedientes que demoran cerca de dos años en resolverse. El Gobierno anunció en diciembre un plan de choque con más personal y medios para a acelerar plazos y resolver el triple de solicitudes este año. La Oficina ha mantenido hasta ahora las mismas 60 plazas fijas desde que se creó en 1992, cuando España apenas recibía peticiones de asilo. A pesar de las cifras históricas, que han revelado los problemas del sistema para atender a los refugiados, los solicitantes apenas suponen un 0,1% de la población española.

Entre las 11.875 solicitudes resueltas favorablemente llama la atención, un año más, el bajo número de concesiones del estatuto de refugiado, la figura de protección más garantista e indefinida. Fueron apenas 575, menos del 5% de los expedientes favorables. El resto se corresponde a concesiones de protección subsidiaria, un beneficio temporal, concedido fundamentalmente a sirios, ucranios y palestinos. “Seguimos viendo que nuestra generosidad y la aplicación de la protección internacional son muy restrictivas. El asilo, además, no está siendo un coladero para miles y miles de personas como se dice en tono alarmista”, advirtió Galán.

Los venezolanos, inmersos en una crisis humanitaria que se agravó en 2016, suponen más de un tercio de todos los solicitantes de asilo que han llegado a España. La demanda contrasta con su reconocimiento como refugiados y apenas 30 de ellos obtuvieron el estatuto. Entre las nacionalidades más numerosas, les siguen los colombianos (8.650), los sirios (2.775) y los hondureños (2.410).

Los marroquíes aparecen en las estadísticas entre los principales beneficiarios del estatuto de refugiado por segundo año consecutivo. Se trata en su mayoría de personas a las que se les ha concedido protección por su orientación sexual o identidad de género, aunque hay también casos de activistas víctimas de la represión del Gobierno marroquí a las protestas del Rif, avivadas por las desigualdades sociales y económicas de la región. Aunque se denegaron 595 solicitudes, se reconocieron 55 casos. El número contrasta con la afirmación de la secretaria de Estado de Migraciones Consuelo Rumí, que afirmó que "Marruecos no es un país a cuyos habitantes se concede asilo o refugio".

“Más allá de los datos, 2018 ha sido el año en el que se han puesto más obstáculos para que las personas puedan acceder a solicitar asilo”, lamentó la directora del área jurídica, Paloma Favieres. La abogada se refirió a las dificultades que tuvieron decenas de solicitantes para pedir la cita con la que se inicia el procedimiento administrativo y que, en Madrid, obligó a familias enteras a dormir al raso para no perder su turno. Pero Favieres lamentó también las trabas invisibles como la imposición de visados de tránsito que impiden el viaje a España a potenciales refugiados y que desde el año pasado se han ampliado a ciudadanos de Camerún, Gambia y Palestina. Para la letrada, otro de los “retos” es promover las peticiones de asilo en embajadas y consulados, donde en 2018 apenas se gestionaron 370 solicitudes, referentes a extensiones familiares de ciudadanos a los que ya les ha concedido la protección en España.