Francia no podrá devolver migrantes a España usando medidas antiterroristas

La Europa sin fronteras concebida hace más de 30 años en el pequeño pueblo luxemburgués de Schengen convive hoy con los controles selectivos implantados por algunos socios del club comunitario. Ya sea para atajar la inmigración irregular o para bregar con el desafío terrorista, el despliegue de agentes es un hecho. Desde los atentados de Bataclan de 2015, Francia es uno de los países que ha colocado policías en sus fronteras. Pero junto a la vigilancia antiyihadista, el aumento de las patrullas en los pasos fronterizos con el País Vasco ha elevado exponencialmente la cifra de inmigrantes irregulares enviados de vuelta a España en tiempo récord.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE puede complicar ahora a Francia ese discutido sistema que le permite desembarazarse de ellos sin apenas trámites. Los jueces comunitarios consideran que no se puede invocar la amenaza terrorista para realizar devoluciones entre países de la UE como si fueran Estados terceros. Esto es, interpretan que la presencia de controles por motivos de seguridad no implica que la zona limítrofe con España deba tratarse como una frontera exterior, con lo que si Francia quiere expulsar a un inmigrante irregular de su territorio, debe seguir al pie de la letra los acuerdos bilaterales o la directiva de retorno europea. La ley comunitaria es más garantista que los procedimientos exprés, dado que concede un plazo de entre siete y 30 días para abandonar el país de forma voluntaria antes de que los mecanismos del Estado se activen para forzar la expulsión.

El origen del caso está en la detención en Francia, cerca de la frontera española, de Abdelaziz Ariz, un ciudadano marroquí que viajó en autobús desde su país. En un primer momento, Ariz fue arrestado preventivamente, pero un tribunal de primera instancia ordenó su liberación. La controversia llegó hasta la justicia europea con una pregunta: ¿debe aplicarse la directiva de retorno cuando se restablecen los controles? El Tribunal de Justicia de la UE cree que sí. Y concluye que en este caso no entra en juego ninguna excepción, ni siquiera la de la vuelta de los controles por una amenaza grave para el orden público.

España celebra la decisión

La situación preocupa a las autoridades españolas y vascas. Ambas han tratado de frenar las expulsiones en la frontera a través de conversaciones con responsables franceses, no solo a nivel técnico, también se trató el tema en el encuentro del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con su homólogo francés. Por eso, la sentencia europea que insta a Francia a acabar con las expulsiones fulminantes ha sido bien recibida. Fuentes de Interior interpretan que París “tendrá que aplicar el acuerdo de readmisión existente entre ambos países”, y celebran que el fallo recoge “la posición que siempre ha defendido España en las reuniones bilaterales”.

Organizaciones como SOS Racismo han advertido de que los miles de inmigrantes varados en el País Vasco pueden colapsar los servicios sociales. Para el profesor de la Universidad del País Vasco Iker Barbero, que lleva años estudiando estos procedimientos, la sentencia exhibe la aproximación punitiva con que Francia castiga la inmigración ilegal, y pone de manifiesto el incumplimiento de la ley por parte de París. “Siempre hemos defendido que las readmisiones vulneran los derechos de los inmigrantes si se realizan sin seguir el procedimiento”. Barbero denuncia que los controles fronterizos a los pasajeros que cruzan a Francia, pese a tener como objeto luchar contra el terrorismo, no son aleatorios. “Bajan solo a personas de color o de una raza concreta. Eso es contrario al principio de no discriminación”.