Cuando la que contamina es la Administración

El puerto de Vilagarcía de Arousa (Ministerio de Fomento) ha sido sancionado por el juzgado de lo Contencioso-administrativo de Pontevedra por una infracción grave al haber realizado un relleno en el mar con materiales contaminantes procedentes de obras ferroviarias. El fallo compara el volumen del vertido con el tamaño de casi tres piscinas olímpicas en una ría con alto valor pesquero y marisquero, situado en el eje del parque natural Illas Atlánticas.

El juez destaca que la prueba practicada ha acreditado “de manera suficiente” que los materiales vertidos al mar por la Autoridad Portuaria incluían material asfáltico contaminante. Esta ha reconocido a lo largo del juicio que ni siquiera se redactó un proyecto técnico de la obra ni se realizó ningún trámite medioambiental para realizar los rellenos contaminantes.

La denuncia ante el Seprona de un particular dio origen a la apertura de un expediente por parte de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, que impuso al puerto una sanción que fue recurrida hasta quedar en 20.000 euros, cuantía pírrica para las asociaciones ecologistas que han venido denunciando mala praxis de la Administración en este enclave portuario.

“Considérese, para comprender sus dimensiones, que el vaso de una piscina olímpica ostenta un volumen de 2.500 m3. Para esta obra portuaria se han vertido al mar unos 7.000 m3 de materiales, el tamaño de casi tres piscinas olímpicas superpuestas”, recalca el magistrado en la sentencia. Y todo ello, insiste, “pese a su entidad y a su más que posible repercusión medioambiental (rellenos en un espacio marino constreñido por las características de una ría con alto valor pesquero, marisquero y paisajístico)”.

La actuación a todas luces contraria a la normativa medioambiental, se remonta a junio de 2012, cuando el puerto inició las obras para recuperar el viejo tramo del ferrocarril hasta el muelle en la que se invirtieron seis millones de euros y todavía no ha entrado en servicio. “Las obras conllevaron la realización de excavaciones con el consiguiente acopio de gran cantidad de material (tierra, piedras, escombros, etc.), que se fue acumulando en el muelle del Ramal, en un volumen mínimo de unos 10.000 m3”, recoge el fallo como hechos reconocidos por la Administración demandada.

El 15 de febrero de 2014 una patrulla del Seprona constató “la existencia de una auténtica montaña en los terrenos de la Autoridad Portuaria, formada por tierras, piedras, asfalto, tubos plásticos, maderas, hormigón, etc., que calificó como zona de depósito indefinido de residuos”, recoge el fallo judicial. Tres días después denunció los hechos ante la Xunta de Galicia.

“Las imágenes —dice el juez— no dejan lugar a dudas. Y a raíz de esa primera denuncia, la Autoridad Portuaria se topó con un serio problema: qué hacer, de manera urgente, con esos materiales sobrantes de las obras del ferrocarril. Decidió entonces verter al mar su mayor parte, según se reconoce en la demanda".

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Sobre la reposición de la zona alterada por el relleno a su estado original que ha exigido la Xunta, el magistrado señala que no se ha pronunciado al respecto porque la Consellería de Medio Ambiente decidió dejar este punto en suspenso, así como la determinación exacta de la manera en la que habría de realizarse. Así, la reparación del daño queda fuera del objeto de este pleito por lo que la Administración autonómica tendrá que dictar una nueva resolución que podría dar lugar a otro pleito entre Fomento y la Xunta.

Juan Fajardo, exdiputado y exconcejal del Ayuntamiento de Vilagarcía por Age (Alternativa Galega de Esquerda) había denunciado los hechos ante el Parlamento gallego como miembro de la comisión de Pesca. Fajardo cree que “esta es una prueba más de la pésima gestión del puerto de Vilagarcía que ha venido actuando por intereses económicos”.

“Para las cuentas del puerto ha compensado cometer este despropósito porque el tratamiento de estos residuos ha tenido un coste cero. O sea, un negocio redondo porque han cobrado por retirar los escombros y por deshacerse de ellos”, afirma. A un particular se le exige que cumpla estrictamente la normativa, mientras la Administración hace lo que le da la gana” reprocha Fajardo.

Desde la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), que además de denunciar en numerosas ocasiones vertidos de dragados portuarios, tanto autonómicos como estatales, ha pleiteado con el puerto contra la instalación de depósitos químicos, ha reclamado más medidas de prevención y análisis de los sedimentos marinos. Inciden los ecologistas en la necesidad de realizar bioensayos y pruebas ecotoxicológicas para conocer sus efectos e impacto medioambiental.

Su portavoz Xaquín Rubido ha recordado que Estados como Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Alemania y Gran Bretaña realizan estas pruebas para decidir se pueden verter al mar materiales de dragados en base a un protocolo conjunto (Overview of Contracting Parties National Action Levels for Dredged Material, OSPAR Commission, 2004).

Rubido recuerda que en la actualidad hay un punto de vertido al mar, localizado al suroeste de la isla de Sálvora, en el canal de aguas profundas y frías que entran en la ría de Arousa. En ese punto de vertido se depositan los dragados portuarios tanto autonómicos como do Estado.