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La Junta de Andalucía asegura que hay 1.867 millones en subvenciones sin justificar fuera de plazo

El Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos no quiere responsabilizarse de las actuaciones del anterior Ejecutivo

Lourdes Lucio
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, junto a Rocío Ruiz, consejera de Igualdad y Dependencia.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, junto a Rocío Ruiz, consejera de Igualdad y Dependencia.PACO PUENTES

La Consejería de Hacienda andaluza ha elaborado un informe en el que alerta de que hay 1.867 millones de euros en subvenciones a empresas y entidades sin justificar fuera de plazo. Algunos de estos libramientos pendientes datan del año 1987. Los consejeros del Gobierno andaluz fueron advertidos este martes por altos cargos de Hacienda de esta situación para que pongan orden y se evite que el derecho de reintegro prescriba. Según los datos de la Junta, hay casi 905 millones de euros calificados en situación de “alta probabilidad de prescripción”.

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El Gobierno bipartito andaluz de PP y Ciudadanos no quiere responsabilizarse de nada de lo que haya dejado el anterior Gobierno socialista, por lo que ha encargado auditorías en empresas y agencias públicas.

El citado informe destaca que, a 31 de diciembre de 2018, existían 2.988,7 millones de euros correspondientes a libramientos pendientes de justificar. De ellos 1.121,6 millones de euros estaban aún en plazo para ser justificado, mientras que gastos correspondientes a 1.867 millones de euros se encontraban fuera de plazo de justificación.

Los mayores importes pendientes de justificar que ya han sobrepasado el tiempo estipulado (cuatro años, según la normativa de Hacienda) se encuentran en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (616,6 millones de euros). Gran parte de este dinero corresponde a cursos de formación que aún no han sido verificados, según Hacienda. Le sigue la Consejería de Educación, con 559 millones de euros, de los que más de 300 corresponden a colegios concertados con la Iglesia católica. Las otras consejerías con importes pendientes son Conocimiento, Investigación, Universidad (323 millones de euros); Servicio Andaluz de Empleo (229 millones); Igualdad y Políticas sociales (48 millones); Fomento y vivienda (44 millones); Justicia e interior (15 millones); y Turismo y Deporte (14 millones).

La situación no es nueva, aunque ha ido a más en los últimos años. La Cámara de Cuentas de Andalucía ya lo advirtió en un informe presentado en el Parlamento en 2017, en el que instaba a propiciar el cumplimiento de la obligación de justificar los beneficiarios y a agilizar las comprobaciones por parte de la Administración para “minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados”.

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Según Hacienda, las partidas que se encuentran en “alta probabilidad de prescripción” están en Empleo (465 millones); Educación (240); Conocimiento, Investigación y Universidad (138 millones); y Servicio Andaluz de Empleo (48 millones). También advierte de que si no se actúa, en 2019, otros 173 millones puedan perderse.

Fuentes de la Consejería de Hacienda que dirige Juan Bravo aseguran que este análisis no describe una situación de fraude, sino “una dejadez en la gestión” de la Junta. “Hay una mala praxis, mucha inercia y se trata de ver qué es lo que funciona y qué no. Queremos saber qué es lo que no se va a justificar nunca”, aseguran esta fuentes. “Se trata de parar esta bola y mejorar los procedimientos”, añaden.

Desde la Cámara de Cuentas señalan que el hecho de que haya 1.867 millones sin justificar fuera de plazo no quiere decir que el derecho de reintegro haya prescrito, ya que habría que comprobar caso a caso, aunque admiten que hay una “relajación de la Administración” en su tarea de comprobación.

El órgano fiscalizador de la Junta ya advirtió que hay libramientos pendientes de justificar fuera de plazo desde 1987, donde figura una cantidad de 31,7 millones. En todos los ejercicios posteriores a esa fecha hay subvenciones o ayudas aún no verificadas. Las cantidades de dinero sin comprobar aumentan a partir de 2008, año del inicio de la crisis.

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