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OPINIÓN i

Las lenguas, cuestión de derechos

Legislar para garantizar la ignorancia parece el nuevo argumento de campaña en un denodado esfuerzo en igualar a la baja no sólo las lenguas, sino también los derechos de la ciudadanía

Manifestación en Santiago en defensa de la enseñanza en lengua gallega.
Manifestación en Santiago en defensa de la enseñanza en lengua gallega.

Aproximadamente un 40% de la ciudadanía vive en comunidades con más de una lengua oficial. Esto es así sin contar a los que viven en comunidades con lenguas sin estatuto de oficialidad (Asturias, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Ceuta, Melilla) o los miles de inmigrantes que enriquecen un paisaje lingüístico diverso.

En España, por tanto, una parte muy relevante de la población tenemos la suerte de oír y expresarnos habitualmente en más de una lengua. Sorprende que esa riqueza sea vista como una agresión y ciertos partidos quieran prohibir su uso en la esfera pública. Legislar para garantizar la ignorancia parece el nuevo argumento de campaña en un denodado esfuerzo en igualar a la baja no sólo las lenguas, sino también los derechos de la ciudadanía. Se anuncia una cohesión por erradicación que choca frontalmente con el mandato del artículo 3 de la Constitución de protección de las lenguas y con la competencia autonómica para regularlas, según indica el Tribunal Constitucional.

Es impropio de “constitucionalistas” privar de sus derechos lingüísticos a los hablantes de las otras lenguas oficiales. Derechos entre los que está, inequívocamente, que la Administración hable a los ciudadanos a través de servidores públicos (esa es su función, el servicio público) lingüísticamente competentes. Una labor de atención a la ciudadanía y no de ejercicio caprichoso de una pretendida libertad para imponer sus propias (y privadas) preferencias lingüísticas a quien accede a sus servicios. Los empleados públicos o las comunicaciones administrativas en comunidades bilingües están condicionados a facilitar el ejercicio de sus derechos a los ciudadanos… en la lengua que estos elijan. El TC lo explicitó tajantemente en la Sentencia 46/1991.

La enseñanza es el primer peldaño para construir una ciudadanía capacitada para ejercer sus derechos. Ahí es donde se debe garantizar la igualdad de oportunidades. Con independencia del origen, capacidad económica o lenguas que hablen sus familias, la enseñanza debe garantizar la plena competencia en ambas lenguas. La forma de adquirirla es una cuestión estrictamente pedagógica. Dependerá del contexto social, de la presencia y peso de estas lenguas, del contexto familiar del que se procede. Las distintas comunidades autónomas han seguido modelos diversos, unos más exitosos que otros. Así lo advierte reiteradamente el Consejo de Europa, cuyos informes sobre el (in)cumplimiento de los compromisos ratificados en la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias loan los resultados del modelo catalán y señalan la ineficacia de sistemas, como el gallego o valenciano, con presencia reducida de las lenguas propias. Ningún conocimiento estorba, pero hay algunos que garantizan los futuros derechos de esos niños y niñas como ciudadanos de un país plurilingüe.

Lejos del debate gritón, cabría cuestionarse por qué, en un Estado con casi la mitad de su población bilingüe, esta realidad está ausente en los medios o se considera una extravagancia que las instituciones centrales (de todos) acepten un escrito o declaración en las otras lenguas oficiales.

Acostumbrar el oído a esa riqueza abre puertas al mundo. El monolingüismo es la excepción en las sociedades actuales cada vez más interrelacionadas.

Alba Nogueira es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública para El PAÍS.

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