La ONU pide a España que tutele a una adolescente camerunesa declarada adulta

Arcange (nombre ficticio) llegó a España en 2017 huyendo de unos padres maltratadores que la obligaban a casarse con un señor mayor. Esta camerunesa tenía entonces 16 años, pero un forense y un fiscal determinaron que era mayor de edad. Tras el decreto fiscal que la convirtió en adulta, fue expulsada del centro de acogida para niños donde vivía en Madrid. Su caso sigue en la Justicia, pero el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas acaba de solicitar a España que, mientras examina su caso, transfiera a Arcange a un centro de protección de menores. La responsabilidad de acoger a la niña en un centro especializado recae, en última instancia, en la Comunidad de Madrid, donde la joven se encuentra.

La petición del Comité a España responde a una solicitud de Fundación Raíces, la organización que asiste jurídicamente a la niña desde que se quedó desamparada. La entidad elevó el caso a Suiza hace 15 días cuando comprobó que Arcange corría el riesgo, una vez más, de no tener dónde dormir: la estancia de la joven en un alojamiento para solicitantes de asilo adultos tenía un plazo improrrogable que expiró el pasado 12 de febrero. “La alternativa de encontrarse en situación de calle, en alojamiento de emergencia de mayores de edad o incluso en un habitación en un piso de autonomía [un alojamiento de transición hacia la vida adulta] supone para el caso de esta menor un riesgo alto de sufrir un daño irreparable debido a su frágil equilibrio psicológico”, advierte Fundación Raíces.

El caso de la determinación de edad de Arcange lleva en los juzgados desde noviembre de 2017. Fue cuando sus abogadas accedieron al informe médico forense en el que se basó el fiscal para determinar que la niña era adulta. En el documento, según comprobó este periódico, podía leerse que la radiografía de la muñeca izquierda apuntaba una edad ósea de 17 años, que la prueba maxilar no fue concluyente y que solo la exploración de sus órganos genitales era compatible con la mayoría de edad. A pesar del margen de error que arrojan estas pruebas y de que el examen radiológico se inclinaba por considerarla menor de edad, el forense y la Fiscalía optaron por concluir que era adulta.

El proceso se encuentra recurrido ahora en la Audiencia Provincial que, al igual que un juzgado de primera instancia, negó la solicitud de los abogados de la niña para que reingresara en un centro de protección para menores. La demora para conseguir esta medida cautelar llevó a Arcange a tener que solicitar asilo como adulta, porque sin tutor legal en España los menores de edad no pueden iniciar ese trámite.

El Comité de Derechos del Niños, el órgano de las Naciones Unidas que supervisa que los Estados firmantes garanticen los derechos de la infancia, ya se ha posicionado en varias ocasiones respecto al trato que España dedica a los menores extranjeros no acompañados. En su última comunicación, otro caso de Fundación Raíces, del 1 de febrero, condenaba a España por la devolución en caliente de un menor que saltó la valla de Melilla en 2014. En 2018, el Comité también criticó los métodos “invasivos” usados para determinar la edad de los niños migrantes y la violencia ejercida contra estos menores por parte de algunos profesionales de centros de protección.