La Justicia autoriza una protesta de funcionarios de prisiones ante el Supremo al inicio del juicio del ‘procés’

Trabajo extra para los policías que, a partir de este martes, blindarán la sede del Tribunal Supremo durante el juicio contra los líderes secesionistas catalanes. Centenares de funcionarios de prisiones convocados por los sindicatos ACAIP, CSIF y UGT se manifestarán a partir del mediodía en la Plaza de París, en Madrid, sede del alto tribunal después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya anulado este lunes la resolución de la Delegación del Gobierno que prohibía su protesta en este lugar y ordenaba su traslado a otro emplazamiento. Los cuatro magistrados de la Sección décima de la Sala de lo Contencioso Administrativo han considerado que esta decisión vulnera el derecho de reunión amparado por el artículo 21 de la Constitución y autoriza que la protesta se desarrolle en el lugar planteado por los representantes de los trabajadores penitenciarios.

La autorización para celebrar la concentración fue presentada el pasado 1 de febrero por los tres sindicatos convocantes concretando que se celebraría justo enfrente de la entrada principal del Supremo. Los convocantes señalaban que la protesta se iniciaría a la una de la tarde y tendría una duración de dos horas y media. También señalaban que esperaban reunir a medio millar de trabajadores penitenciarios. En la documentación entregada, los representantes sindicales concretaban que el objetivo de la protesta era exigir al Ministerio del Interior que retome las negociaciones sobre la _{equiparación salarial}, rotas hace meses.

La Delegación del Gobierno tomó el 5 de febrero conocimiento de la protesta --y, por tanto, la autorizaba de modo implícito-, aunque la recepción tres días más tardes de un informe de la Dirección General de la Policía le hizo cambiar de opinión. Este documento desaconsejaba la celebración de la protesta precisamente por el inicio del juicio del procés. Los responsables policiales destacaban que la celebración de la vista había aconsejado catalogar como “zonas de máximo riesgo” todo el perímetro entorno del Tribunal Supremo "con el fin de evitar cualquier alteración del orden público que no permita el normal desarrollo de dicho juicio". En concreto apuntaban a la "posibilidad de enfrentamientos entre grupos de distinto signo", al riesgo de tener que suspender las sesiones "si los niveles de ruido alcanzan en el exterior el límite de lo tolerable" y a la posibilidad de que todo ello conculcase "las condiciones de concentración, reflexión y silencio que requiere un juicio, sobre todo en el caso del crítico trabajo que desarrollan en el mismo tanto magistrados como fiscales, abogados y personal judicial".

Por todo ello, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ordenó el mismo 8 de febrero dar marcha atrás en su decisión de autorizar la convocatoria y ordenó el cambio del lugar de la protesta, que pasaba al cercano Paseo de Recoletos. La decisión no alteraba, sin embargo, la hora de inicio y la duración de la misma. La resolución esgrimía el informe policial para justificar su decisión de que la concentración no se celebrara "dentro del perímetro de seguridad establecido en torno a la sede del Tribunal Supremo". También recordaba a los organizadores y participantes que deberían seguir en todo momento "las indicaciones de los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dirigidas a ordenar el normal desarrollo de la misma".

La decisión del delegado del Gobierno fue recurrida al día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por los tres sindicatos. Sus representantes legales alegaban una vulneración del derecho fundamental de reunión y añadían que el cambio de emplazamiento de la protesta la vaciaba de su "contenido sustancial". Es a este recurso al que los cuatro magistrados han dado ahora la razón y autorizado una concentración que, según avanzan fuentes policiales, preocupa a los responsables de seguridad del juicio.