El Gobierno considera “inviable” la propuesta del PP para suprimir el voto rogado

El Gobierno y el PSOE consideran “inviable” la propuesta del PP para suprimir el voto rogado de los españoles residentes en el exterior, que han reducido su participación en las elecciones generales del 30% al 5% desde que entró en vigor en 2011. Los populares rechazan el envío de papeletas en blanco a los 2.082.469 inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) para que ellos mismos las rellenen siguiendo las instrucciones que se les faciliten, como ha planteado el Ejecutivo.

En cambio, proponen remitir por valija diplomática a embajadas y consulados las papeletas de todas las candidaturas proclamadas para que las hagan llegar, por el servicio postal del país correspondiente, a cada elector. Para el Gobierno, este envío masivo plantea “dificultades logísticas” de consecuencias imprevisibles, pues tal volumen de documentación no se podría gestionar ni siquiera reforzando temporalmente las plantillas de las legaciones diplomáticas.

Además, el Ejecutivo advierte de que la pretensión del PP de que las papeletas se envíen como tarde el día 29 posterior a la convocatoria electoral, si no hay impugnaciones, o el 34, si las hubiera, no deja tiempo suficiente para imprimirlas.

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Pero el punto en el que los socialistas son más críticos es la obligación que el PP quiere imponer a los residentes en el extranjero que opten por ejercer su derecho al voto por correo de que acrediten su identidad ante un “fedatario público” en cada cita con las urnas. El PSOE sospecha que se trata de “mantener de forma encubierta y agravada” el voto rogado; es decir, de sustituir las actuales trabas por otras aún más disuasorias.

Los socialistas recuerdan que los llamados “fedatarios públicos”, como notarios, se limitan a verificar los requisitos formales de los documentos sin entrar en su contenido ni la identidad de quien los porta y que, para obtener estos certificados, los electores deberán abonar las correspondientes tasas, además de costear el desplazamiento.

Subrayan, por último, que las juntas electorales tendrían que verificar uno a uno todos estos certificados en el momento del escrutinio, pues esta labor no puede delegarse en las oficinas de correos de terceros países. En su opinión, la identificación de los electores ya queda suficientemente acreditada con la fotocopia del DNI o pasaporte, el certificado de nacionalidad y el de inscripción en el CERA que deben acompañar a la papeleta electoral dentro del sobre.

Respecto a la propuesta del PP de ampliar el número de centros donde ejercer el voto con urna (no solo consulados sino también sedes del Instituto Cervantes o casas regionales), los socialistas aducen que esta posibilidad ya está prevista, pero que depende de la disponibilidad de medios humanos y materiales (locales, funcionarios, garantías de seguridad, etc).

Ante la distancia que le separa del PP, el PSOE se plantea, según fuentes socialistas, presentar con otros grupos una proposición de ley de reforma de la norma electoral para eliminar el voto rogado a partir del texto debatido en la subcomisión parlamentaria y la comisión interministerial que vienen estudiando el asunto desde hace al menos un año; es decir, mediante la fórmula de la papeleta en blanco. Lo que es seguro es que, sin el consenso del PP, la reforma no solo estará coja sino que no podrá entrar en vigor antes de las elecciones del 26 de mayo.