Las pegas del PP bloquean la supresión del voto rogado en las elecciones del 26 de mayo

En 2011, todos los grupos acordaron reformar la ley electoral para introducir el voto rogado —es decir, la obligación de reclamar la documentación electoral, previa identificación— para los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Se trataba de acabar con las sospechas de fraude y suplantación de la personalidad de los electores en el extranjero.

La reforma tuvo, sin embargo, un efecto indeseado. Lo ajustado de los plazos (las papeletas no podían reclamarse hasta la proclamación de las candidaturas) y el mal funcionamiento de los servicios de correos en muchos países hacían casi imposible que el voto llegara a tiempo, por lo que muchas papeletas acababan en la basura en vez de en la urna, para frustración del elector. La participación de los españoles residentes en el extranjero cayó en picado: del 31,8% en los comicios de 2008 a entre el 4,7% y 6,3% en las tres últimas elecciones generales.

Aceptada la necesidad de corregir esta situación, se creó una subcomisión en el Congreso y un grupo de trabajo en el Gobierno con representantes de Exteriores, Interior y Trabajo. En octubre, el Gobierno remitió su proyecto de reforma, que luego ha sido corregido con algunas mejoras. Descartado el voto telemático, por falta de garantías, el Ejecutivo ha optado por la fórmula de remitir de oficio a todos los inscritos en el CERA una papeleta en blanco, para que los electores la rellenen siguiendo las instrucciones de la documentación adjunta y la facilitada a través de páginas web, información telefónica y correo electrónico. De esta forma, el envío de las papeletas podría anticiparse a la proclamación de las candidaturas y la resolución de las impugnaciones. Además, se ampliaría en cuatro días —de tres a siete— el plazo para votar en urna en las oficinas consulares o en los lugares habilitados.

El portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, puso reparos a una fórmula que, a su juicio, “no reúne suficientes garantías y puede resucitar las sospechas de fraude”. La papeleta en blanco “presenta graves problemas, especialmente en las elecciones al Senado, y en el voto por correo debe quedar mejor acreditada la identidad”, explica. Para el PP, hay que ir a “una generalización del voto con urna, tutelado por un cónsul o alto funcionario, sobre todo en países con un gran número de españoles”. Gregorio Cámara, del PSOE, alega que la papeleta en blanco se usaba en las elecciones municipales hasta 2011 y aún hoy para los residentes temporales en el extranjero; mientras que para el voto por correo se exige la misma documentación identificatoria que en la ley en vigor.

Fuentes gubernamentales sospechan que el PP no tiene ninguna prisa en facilitar el voto de los residentes en el extranjero ya que teme que le sea adverso (en las dos últimas elecciones generales el partido más votado de los inscritos en el CERA fue Podemos) y alega que los populares no han presentado todavía sus objeciones por escrito, lo que dificulta un acuerdo.

Descargadas de Internet

Bermúdez de Castro asegura que el PP quiere llegar a un acuerdo, pero advierte de que una reforma sin garantías podría arrojar sombras sobre la limpieza del proceso electoral. En todo caso, se ha comprometido a entregar sus propuestas por escrito la próxima semana. La subsecretaria de Exteriores, Ángeles Moreno, sugirió ayer una fórmula para desbloquear la negociación: que los electores puedan descargarse las papeletas ya impresas vía Internet. Se mostró, sin embargo, pesimista ante la posibilidad de que la reforma esté a tiempo para la cita electoral del 26-M.

Solo aplicando el procedimiento de urgencia o lectura única podría suprimirse el voto rogado antes de que, a finales de marzo o principios de abril, se convoquen oficialmente las elecciones. Pero esta decisión corresponde a la Mesa de las dos cámaras; es decir, depende del PP.