El PP pide cambiar el voto rogado por un “certificado de identidad” para los españoles del exterior

El PP ha presentado finalmente una propuesta por escrito para reformar la ley electoral y acabar con el voto rogado, que ha reducido a un porcentaje próximo al 5% la participación de los más de dos millones de españoles residentes en el extranjero. Los populares están de acuerdo en acabar con este sistema que ha convertido el ejercicio del voto en una carrera de obstáculos pero, a cambio, quieren que los españoles residentes en el extranjero que opten por votar por correo deban presentar un “certificado acreditativo de su identidad”, en el que conste su voluntad de acogerse a esta fórmula.

Este certificado, que debería obtenerse para cada cita con las urnas, lo deberá expedir un “fedatario público” que puede ser tanto un funcionario de la embajada o el consulado como un notario o similar del país de que se trate, siempre que esté acreditado para autentificar documentos españoles. José Antonio Bermúdez de Castro, diputado del PP, asegura que su objetivo es “facilitar el derecho al voto” de los españoles en el exterior, pero garantizando la identidad del votante para “evitar cualquier sombra de fraude”. A su juicio, la exigencia de que los electores acrediten su identidad ante un fedatario no es excesiva pues quienes votan por correo en España deben hacerlo por partida doble.

El PP rechaza la propuesta del Gobierno, aceptada por la mayoría de partidos, de que las oficinas del censo remitan a los residentes en el exterior papeletas en blanco, para que ellos mismos las rellenen. Según la propuesta del PP, habría que remitir las papeletas impresas, lo que retrasa el envío hasta después de la proclamación de las candidaturas y una vez resueltos los recursos, salvo los del Constitucional. A su juicio, los más de 15 días que transcurrirían entre el envío de la documentación y el cierre del plazo de recepción de papeletas serían suficientes, pese al deficiente servicio de correo en muchos países.

En todo caso, agrega, su apuesta es extender el voto con urna, ampliando el plazo de tres a siete días y multiplicar los lugares habilitados para votar (consulados, Instituto Cervantes, casas regionales, etc.). Bermúdez de Castro asegura que, si su propuesta es aceptada, el PP estaría dispuesto a acelerar los trámites para que se aplique en las elecciones del 26 de mayo, lo que parece improbable dado el escaso tiempo que queda.