La Audiencia Nacional verá el 5 de febrero si es competente para juzgar a Trapero

La Audiencia Nacional celebrará el próximo 5 de febrero una vista preliminar para decidir si es competente para juzgar por rebelión al exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y a otros tres mandos operativos y políticos del cuerpo policial autonómico —Teresa Laplana, César Puig y Pere Soler— por su participación en el proceso independentista catalán. La Sección Primera de lo Penal ha fijado en esa fecha la sesión para estudiar la declinatoria de jurisdicción, es decir, la denuncia formulada por los acusados de que son los juzgados catalanes y no la Audiencia Nacional a quien corresponde enjuiciar la actuación supuestamente connivente de los Mossos en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en la Operación Anubis, contra los preparativos de la consulta, el 20 de septiembre anterior.

La vista sobre este artículo de previo pronunciamiento —del que el tribunal deberá decidir antes del juicio propiamente dicho— se celebrará de forma casi paralela al juicio contra los líderes políticos independentistas en el Tribunal Supremo, previsto inicialmente para la primera semana de febrero. A esta vista no están convocados los acusados, sino únicamente sus abogados.

En esta causa, la fiscalía solicita 11 años de prisión por rebelión para Trapero y para el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler. El ministerio público los considera una “pieza clave” en el proceso que desembocó en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 y en la posterior intervención de la autonomía catalana al aplicar el Gobierno el artículo 155 de la Constitución. Para Teresa Laplana, intendente de los Mossos, se solicitan cuatro años por sedición.

El ministerio público les acusa de "dar cobertura efectiva" a los líderes del procés "para imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carecían" y "apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales emanadas del Parlament y del Govern de la Generalitat".

El escrito de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira sostiene que entre los días 20 de septiembre y 1 de octubre se registraron "numerosos actos de violencia sobre las personas y las cosas", y se generó "un clima de tensión y enfrentamiento susceptible de generalizarse". En todo ello, según los fiscales, "cobró especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos".

"Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y los fines independentistas era (...) imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum". Los agentes, señalan los fiscales, se dedicaron "a funciones impropias de un cuerpo policial" como "la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".