El PP quiere cambiar la ley para impedir que Puigdemont pueda recibir fondos públicos

El PP quiere mantener a toda costa la iniciativa en las medidas más duras contra el independentismo, un asunto central de la batalla electoral dentro del centro derecha. Su líder, Pablo Casado, ha presentado una iniciativa en el Congreso para cortar por ley la posibilidad de que Carles Puigdemont, el expresident fugado en Bélgica, y otros huidos de la justicia, puedan recibir ningún tipo de fondo público. Se trata de una proposición de ley para reformar el artículo 839 de la ley de enjuiciamiento criminal de forma sencilla para prohibir que los imputados declarados en rebeldía puedan percibir "aquellos ingresos o fondos de naturaleza o titularidad pública, sin perjuicio de las reglas de inembargabilidad de bienes, sueldos y pensiones en los términos que establezca la ley, cuando el proceso en el que tiene lugar la misma verse sobre delitos que sean susceptibles de condena a prisión permanente revisable y sobre delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos así como los delitos tipificados en los títulos XXI a XXIV del Código Penal", esto es los delitos contra la Constitución, entre los que está el de rebelión.

Desde Melilla, Casado explicó que esta iniciativa "va por Puigdemont, que no puede estar viviendo en un palacio pagado por la administración de la Generalitat cuando ha pedido más de 8.000 millones de euros del FLA". Los fugados de la justicia española, insistió, no pueden estar "viviendo a costa de aquel país al que quieren destruir".

En realidad, al menos oficialmente, Puigdemont no vive de fondos públicos. La Generalitat insiste una y otra vez en que no financia la casa de Bruselas en la que vive. Nadie aclara quién la paga, pero la Generalitat insiste en que no se hace con fondos públicos. El expresident renunció además al sueldo público que le correspondía por haber dejado el cargo precisamente como una manera de no admitir que ha perdido su condición, aunque sí aceptó los asesores que le correspondían. Puigdemont tampoco cobra el sueldo de diputado desde julio, cuando el juez del Supremo Pablo Llarena lo suspendió como diputado autonómico.

En febrero de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy contestó oficialmente que “no disponía de información” sobre si el expresident usaba dinero público para costear su estancia, abogados, traductores o campañas de publicidad desde Bélgica. La reforma que propone Casado tendría por tanto efectos reales escasos sobre las finanzas del expresident, que tiene apoyo de empresarios afines.

En cualquier caso, Casado mantiene la línea del discurso más duro sobre Cataluña en su batalla por ese espacio con Ciudadanos y Vox. El líder del PP exige a Pedro Sánchez que "ponga orden" en Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución sin plazos y sin límites. También criticó al Gobierno por "no hacer nada" frente a los homenajes a los presos independentistas frente a las cárceles catalanas. "¿Cómo el Gobierno puede permitir que haya esos homenajes a nos presos en las cárceles en los que se insulta nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho?", clamó.

También reprochó la posibilidad de que sea sancionado el mosso que le espetó a un manifestante independentista que "la república no existe" "¿Cómo se puede permitir que los mandos policiales y políticos de los Mossos procesen e investiguen a un agente por decir lo que todos pensamos y es la realidad: que la república no existe y que dejara de decir tonterías? Estamos en el mundo al revés, a los buenos policías los investigan y los denuncian; a los manifestantes de la kale borroka que apalean policías les homenajean y les dan carta libre para hacer lo que quieran", remató.