“El Supremo ha dado la imagen de que la justicia toca a rebato por los bancos”

En los 19 años que lleva en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Nicolás Maurandi (Villena, Alicante, 1950), no había vivido una situación tan incómoda como la que le ha tocado gestionar con la polémica del impuesto hipotecario. Preside la sección segunda, autora de la sentencia que el 16 de octubre estableció que el pago del impuesto corresponde al banco, no al cliente. Tres semanas después, el pleno de la sala rectificó esa decisión. Maurandi considera positivo hacer autocrítica para evitar que se repitan errores y lamenta la imagen ofrecida por el tribunal.

Pregunta. Una vez que se ha zanjado la polémica por el impuesto de las hipotecas, ¿qué balance hace?

Respuesta. Para el Tribunal Supremo el balance es muy negativo. Por dos razones. Hemos ofrecido datos que justifican una desconfianza de la ciudadanía a la actuación de lo que debe ser un tribunal de justicia y, sobre todo, del Supremo. Y por otra parte, porque no hemos sabido hacer el ejercicio de contención y de transigencia que corresponde a un tribunal cuando aborda problemas de esta envergadura.

P. ¿En qué medida ha afectado a la imagen de independencia de la justicia y del Supremo?

R. Sí ha afectado. Pero hacer una autocrítica seria de lo que ha pasado puede ayudar a que situaciones similares no se repitan.

No hemos actuado con la transigencia que corresponde a un tribunal

P. ¿La rectificación de jurisprudencia en tres semanas quiebra la confianza en la justicia?

R. Sí. Ha quedado quebrantada por eso y por algo más. Se ha dado una imagen de que cuando lo que están en juego son intereses económicos que afectan a entidades financieras la justicia toca a rebato para replantearse sus actuaciones. En julio se vio el tema de las plusvalía, que tiene una dimensión económica muy parecida a la de las hipotecas, se dio una respuesta contraria a los intereses de muchos ciudadanos y no se le ocurrió a nadie convocar un pleno para revisar esa solución. Pero ahora los afectados eran las entidades financieras y esto es lo que ha trasladado la imagen de que lo que justifica que se reúna le pleno no es el montante económico del problema sino quién es el afectado. Esa idea es muy negativa para la imagen de la justicia.

P. ¿Considera que algunos magistrados se dejaron llevar por presiones externas?

R. No lo sé. Algunos legítimamente han entendido que la afectación que tenía esto en el mundo financiero justificaba replantear el problema para ver si era correcta la decisión de octubre o había que revisarla.

P. ¿Tenía que haberse convocado el pleno desde el principio?

Si los partidos deben intervenir en elegir al Consejo, que se haga con transparencia

R. Creo que sí. Habría sido mucho mejor.

P. ¿Se planteó?

R. No.

P. ¿Ni cuando se estaba deliberando y se vio que podía cambiarse la doctrina?

R. Lo que ocurrió es que se había señalado una vista y, una vez finalizada esta, lo único que cabe es deliberar y dictar la sentencia. Tras la vista ya no se puede trasladar el asunto al pleno.

P. El presidente de la Sala Tercera, Luis Díez-Picazo, dijo que se había enterado por la prensa del cambio de criterio. ¿Le habían avisado de que se podía modificar la jurisprudencia?

R. Él conocía la existencia del asunto porque forma parte de la sala que decidió admitir estos recursos. Y también se le hizo llegar durante la deliberación que veíamos complejo el tema. Cuando se admite un recurso de casación, salvo que entiendas que la admisión es un puro teatro, tienes que entender que solo cabe estudiar el tema y tomar una decisión.

P. ¿Cómo valora el papel que ha tenido Díez-Picazo?

R. Tenía potestad para elevar el asunto al pleno. Pero las circunstancias fueron inoportunas porque generó esa imagen que hemos comentado. Y no comparto cómo abordó el debate en el pleno sobre los efectos que podía tener el cambio de jurisprudencia. Lo simplificó demasiado, hacía falta una análisis más profundo, pero no dio esa posibilidad.

P. Esta polémica ha coincidido con el pacto entre los partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial y situar en la presidencia a Manuel Marchena, que ha acabado renunciando. ¿Cómo valora esta situación?

R. La ley dice que primero se eligen los vocales y estos eligen al presidente. Pero no me preocupa tanto que se pueda pensar previamente quién sea el presidente. Y que incluso los parlamentarios que quieren intervenir en esa decisión lo hagan. Pero debería ser en un proceso transparente, en un debate parlamentario en el que se discutiera quién podía ser presidente y se examinaran trayectorias. Lo que no me parece bien es que se haga en secreto. Si se piensa que las fuerzas políticas deben intervenir, que se haga con luz y taquígrafo.

P. ¿Usted cree que tienen que intervenir los partidos o que los miembros del consejo deben ser elegidos por los jueces?

R. Yo creo que la justicia es de la sociedad, no es de los jueces. Y que debe nombrarlo el Parlamento. Lo que ocurre es que el criterio no debe ser partidario sino jurídico y obedecer a trayectorias profesionales. Y habría que evitar corporativismos. Yo sería partidario de que los jueces designáramos a los candidatos juristas no jueces. Y los juristas propusieran a los candidatos jueces.

P. En los próximos meses el Supremo afronta el juicio del procés. ¿Cómo se devuelve la confianza en la institución?

R. Todos tenemos la obligación de contribuir a que se respete la libertad del tribunal mientras juzga. Que se desarrolle en un clima de serenidad. Y que cuando salga la sentencia se la juzgue con parámetros de legalidad, no de otro tipo.

P. Los jueces han convocado varias movilizaciones contra el Gobierno. ¿Participa de ellas?

R. Entiendo la situación de los compañeros que deciden dar ese paso. La justicia en España tiene unos componentes muy buenos: gran independencia, honradez y dedicación profesional de los jueces. Pero no hemos sabido definir una burocracia judicial moderna que permita trabajar con los mismos medios técnicos que otras organizaciones públicas o privadas. El problema no es solo aumentar los fondos o el número de juzgados, sino también de diseño.

P. ¿Habría que abordar la reforma de la Constitución?

R. Es un marco de convivencia muy bueno. Pero acusa el paso del tiempo porque surgen problemas nuevos. Yo definiría como derechos subjetivos lo que hoy son meros principios rectores de política social. Y es importante también la organización territorial. Es evidente que no satisface a todos y ha creado tensiones. Habría que plantarse cómo se podría modificar para que todo el mundo se encuentre cómoda en ella.