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Catalá recibe autorización para trabajar en la fundación del Atlético de Madrid

El exministro de Justicia puede compatibilizar la labor con su escaño en el Congreso

Rafael Catala
El exministro de Justicia Rafael Catalá (izquierda), con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en el palco del Vicente Calderón.

El exministro de Justicia Rafael Catalá ha recibido autorización para compatibilizar el escaño de diputado en el Congreso con su incorporación al patronato de la fundación del Atlético de Madrid. El político cuenta desde el pasado lunes con autorización para ejercer cuatro actividades privadas  por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda, según el portal de Transparencia. El visto bueno del supervisor es necesario para que puedan iniciar una actividad privada quienes han ejercido un alto cargo en los dos últimos años.

Catalá ha recibido también autorización para iniciar otras tres actividades privadas: miembro del comité asesor del bufete de abogados Herbert Smith Freehills, miembro del patronato de la fundación Legálitas y darse de alta en el Colegio de Abogados de Madrid.

Catalá es actualmente el presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. El popular tomó posesión como ministro de Justicia en septiembre de 2014, en sustitución de Alberto Ruiz-Gallardón. Abandonó el cargo tras la moción de censura que el pasado junio destituyó al gobierno de Mariano Rajoy.

Catalá es un seguidor apasionado del Atlético de Madrid, ha asistido varias veces a partidos en el estadio del Atlético de Madrid, tanto el Vicente Calderón como el Wanda Metropolitano, donde estuvo en el palco de autoridades durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Europa disputado frente al Arsenal, el pasado mes de mayo.

Según establece la legislación española, durante dos años tras su cese los altos cargos que quieran prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo tienen que solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses.

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