Melilla, un laberinto para los migrantes

 Miles de migrantes se juegan la vida cada año para cruzar la frontera de Marruecos a Melilla. Pero ni bien llegar al territorio español, quedan atrapados en "una maraña de normas y prácticas administrativas que frustran la regularización del proyecto migratorio". Así lo denuncia el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que este jueves ha presentado su informe Sacar del laberinto. Josep Buades, coordinador del equipo del SJM en la Frontera Sur, ha criticado que el Estado español no garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales de los migrantes: "No puede ser que el Ministerio del Interior esté incumpliendo la ley". 

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En 2017, 28.572 personas entraron ilegalmente en España a través de la Frontera Sur. De ellas, 681 llegaron a Melilla a través del mar y otras 4.231 por tierra. El SJM ha advertido del "sufrimiento físico y psicológico" que las trabas jurídicas y las barreras disuasorias en la frontera, como las vallas, causan a estas personas y ha resaltado la falta de garantías en los procedimientos de devolución sumaria, las conocidas como devoluciones en caliente, que el Gobierno plantea mantener en la reforma de la ley mordaza y que SMJ ha pedido derogar. 

Buades, que ha presentado el informe junto con la abogada María Vieyra, ha puesto el foco en las operaciones de la policía en aguas costeras de Melilla: "Se devuelve a personas migrantes a territorio marroquí sin salvaguardar las garantías mínimas de los Derechos Humanos". Según han afirmado, las políticas de cierre y de externalización de las fronteras de la Unión Europea han impulsado las llegadas de migrantes por mar y, "en el contexto de frontera, se desdibujan los límites entre las obligaciones de rescate y los procedimientos de devolución".

Para el coordinador del SJM en la Frontera Sur, ha habido un cambio de discurso tras el cambio de Gobierno, el pasado junio. "Se ha integrado más el tema de la protección y de la garantía de derechos", ha explicado Buades, quien ha proseguido: "Es positivo, pero insuficiente". "Hubo un discurso más fresco hasta el verano, pero desde entonces el discurso no tiene frescura", ha señalado.

Sin derecho a la libre circulación 

Entre las barreras que precisa el informe, figura que los solicitantes de protección internacional en Melilla no pueden acceder "en igualdad de condiciones" que el resto de los solicitantes en la Península, Baleares o Canarias a los derechos que les amparan. "Es una anomalía que los solicitantes de asilo en Melilla no puedan viajar libremente dentro del territorio español", critica el escrito. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló recientemente que limitar la libertad de movimiento de las personas solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla a territorio peninsular supone una vulneración de sus derechos fundamentales. Es la primera sentencia de este tipo relativa a Melilla, aunque ha habido otras sentencias similares del mismo tribunal y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Además, el documento menciona las deficiencias en los procedimientos de identificación de menores y las barreras administrativas en al acceso de los menores extranjeros no acompañados a sus derechos. El SJM identifica una "situación límite" en los centros de menores tutelados y trabas administrativas en el proceso de acceso a la documentación de los jóvenes que salen de la tutela administrativa al cumplir la mayoría de edad.