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Justicia descontará por primera vez a los jueces el salario del día de huelga

La asociación mayoritaria se muestra contraria aunque admite la medida como "reconocimiento del derecho" a parar

Huelga de jueces
Letrados de la Administración de Justicia, este martes ante la Ciutat de la Justícia (Barcelona). Europa Press

El Ministerio de Justicia pretende detraer por primera vez a jueces y fiscales el próximo lunes el dinero de la huelga convocada para ese día. La decisión ha creado discrepancias entre estos colectivos. Todos la aceptan porque implica el reconocimiento a un derecho de huelga que no tienen regulado, pero la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera, se muestra contraria y admite que preferiría hacer horas extra en los días posteriores.

Los jueces y fiscales no tienen explícitamente reconocido el derecho de huelga, pero el paro que han convocado ambos colectivos para el próximo lunes es el tercero que realizan juntos. En anteriores ocasiones, la última, el pasado 22 de mayo, Justicia no detrajo de las nóminas el dinero de la jornada a quienes optaran por secundar el paro (el 65% de los jueces y el 52% de los fiscales en la cita de mayo, según los datos del comité de huelga) porque consideraba que lo contrario sería un reconocimiento implícito de este derecho.

Pero en esta ocasión, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en una reunión mantenida el pasado lunes con las asociaciones de jueces y fiscales, les anunció su intención de detraer el dinero como se hace con las huelgas convocadas por cualquier otro colectivo. El razonamiento empleado por Justicia, según los representantes de las asociaciones presentes en ese encuentro, fue que la convocatoria del paro se ampara en el real decreto ley de relaciones de trabajo de 1977, que regula este derecho y establece que quienes lo ejerciten no percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación. Esta es la norma que se aplica a todos los colectivos cuando convocan un paro.

A la reunión estaban convocadas las siete asociaciones de jueces y fiscales, pero solo acudieron cuatro: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La iniciativa de la ministra generó discrepancias entre ellas.

A preguntas de EL PAÍS, solo la APM, la mayoritaria entre los jueces y de tendencia conservadora, se muestra contraria a la detracción del dinero. “Lo respetamos porque es un reconocimiento al derecho de huelga de la carrera judicial, pero preferiríamos que se hiciera como en ocasiones anteriores”, señala Celso Rodríguez, portavoz de esta asociación. En los últimos paros a los que se refiere el representante de la APM, los jueces que los secundaron recuperaron en días posteriores el trabajo que dejaron de hacer esa jornada y fuera del horario laboral, según Rodríguez. “Ahora tendremos que ver cómo lo hacemos. Intentaremos que no repercuta en el justiciable, pero no podremos recurrir a la misma solución que en mayo”, afirma.

La UPF fue la única que explícitamente dio el visto bueno el lunes a que se les retrayera el salario. “Nos parece de cajón”, explica su portavoz, Emilio Fernández. El presidente de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, señaló que “a título personal” le parecía una medida correcta pero que tenía que consultarlo con sus asociados. “Si se reconoce el derecho a la huelga esto es una consecuencia lógica. Una cesación del trabajo conlleva detracción de haberes”, afirma González Vega. En términos similares se manifiesta la portavoz de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que pide que se regule oficialmente el derecho a la huelga de estos colectivos.

Un derecho sin regular

Hasta ahora, los jueces y fiscales han convocado huelgas sin que tengan econocido este derecho. Las dudas surgen, sobre todo, por la doble condición de los jueces como poder del Estado pero, que a diferencia de los diputados, tienen la condición de funcionarios públicos y dependen del Ejecutivo. Aunque Justicia ha accedido a reconocerles ese derecho, este vacío legal hace que ni la Fiscalía ni el Consejo General del Poder Judicial hayan previsto servicios mínimos. Los organizará, como otras veces, el comité de huelga.

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