La huelga de jueces y fiscales logra un amplio seguimiento

Alrededor de la mitad de los 5.400 jueces y magistrados y de los 2.500 fiscales de toda España secundaron este martes la jornada de huelga convocada conjuntamente por las siete asociaciones de ambos colectivos en defensa de la independencia judicial y para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. El paro fue especialmente seguido en los órganos judiciales inferiores, aunque los presidentes de los tribunales superiores autonómicos y 30 magistrados del Supremo, que acudieron a trabajar, expresaron su apoyo a la movilización.

Los jueces y fiscales, colectivos tradicionalmente poco dados a la movilización gremial, secundaron este martes de una manera amplia la huelga convocada por las cuatro asociaciones de la judicatura y las tres del ministerio público en defensa de la independencia del poder judicial. Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, 2.916 de un total de 5.407 jueces y magistrados no acudieron a sus puestos, lo que supone un seguimiento del paro del 53%. Las asociaciones judiciales elevaron el seguimiento de los magistrados a las seis de la tarde a un 65,4%. En cuanto a los fiscales, las tres agrupaciones del ministerio público cifraron el paro en un 51,9%.

La de este martes fue la segunda huelga conjunta de jueces y fiscales en la historia de España tras la convocada en febrero de 2013 contra las reformas del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En aquella ocasión, el seguimiento entre los jueces fue algo inferior —un 41%—, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Entonces la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, ambas mayoritarias y de tendencia conservadora, no llamaban a la huelga, al contrario que ayer.

Los jueces y fiscales llevan desde finales de marzo realizando movilizaciones para forzar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a atender sus reivindicaciones, algo que no han logrado. La movilización se vio espoleada a principios de mes tras los ataques de Catalá al magistrado que redactó un voto particular en el que pedía la absolución de los cinco miembros de La Manada.

Entre otras reclamaciones, los jueces exigen modificar el sistema de elecciones de vocales del Consejo General del Poder Judicial de modo que los 12 miembros de procedencia judicial de los 21 de que consta el órgano de gobierno sean elegidos por los jueces. También reclaman mayor transparencia en la designación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, así como la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos regionales.

En el plano laboral, reclaman, entre otras mejoras, recuperar los recortes salariales de los últimos siete años.