Más de 2.000 jueces y fiscales secundan la huelga contra las reformas de Gallardón

“Magistrado secundando la huelga”. Para que no cupiera duda alguna, el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada colocó ayer por la mañana este cartel en la puerta de su despacho. A pesar del aviso, él estaba dentro. Como ni el Ejecutivo ni el Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces) habían fijado servicios mínimos para la jornada de huelga convocada, no quería ausentarse por si ocurría algo urgentísimo, pero deseaba dejar claro que él era uno de los que  protestaba por las reformas —algunas proyectadas y otras ya ejecutadas— emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Junto a él, más de 2.100 jueces y fiscales y magistrados de toda España siguieron el paro convocado por todas las asociaciones de jueces y fiscales salvo dos: las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales. Algunos de sus afiliados, sin embargo, sí secundaron la huelga.

Los datos de participación de los convocantes y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no son coincidentes. Tampoco lo es el del censo de jueces en activo que sirve de base para calcular el porcentaje de los que siguieron el paro. Los convocantes dieron la cifra de 2.553 jueces y fiscales en huelga, el 62% del censo si se eliminan jueces sustitutos, bajas, enfermedades, licencias, servicios especiales... El CGPJ, sin embargo, parte de un censo de 5.015 jueces y magistrados y asegura que hicieron huelga 2.072, por lo que, según sus cálculos, solo participaron en el paro el 41,3% de los jueces.

“No vamos a entrar en una guerra de cifras, pero los porcentajes del Consejo son más que cuestionables”, indica el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria —una de las convocantes—, José Luis González Armengol. “En primer lugar, no todos los jueces han comunicado la huelga porque no están obligados a ello. En segundo lugar, el censo base no es real y va más allá de los jueces que ayer podían trabajar. Además, según nos han comunicado, los datos los ha aportado un vocal, Antonio Dorado, designado por el PP”. [Sobre esta última afirmación, el Consejo General del Poder Judicial envió una nota indicando que "los datos que facilitó el CGPJ a la opinión pública fueron los aportados por todos los presidentes de los Tribunales de Justicia y recopilados por la Secretaría General del Consejo"].

Más de 2.000 jueces secundan la huelga contra las reformas de Gallardón

En cuanto a los fiscales, la Fiscalía General del Estado no ha contabilizado a los huelguistas y los convocantes no han dado las cifras desglosadas. En cualquier caso, el Comité de Huelga reconoce que el seguimiento fue menor que entre los magistrados.

Un hecho no se discute: más de 2.100 jueces y fiscales en España, un gremio muy poco dado a alzar la voz públicamente y en la calle, secundaron la huelga; la tercera convocada en democracia por los jueces (las dos primeras se llevaron a cabo en 2009 contra el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero) y la primera de los fiscales. “Y más de 2.000 jueces y fiscales protestando, diga lo que diga el ministro, es un dato muy importante”, indica Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia.

El malestar dentro del mundo de la justicia es evidente. En los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), el ministro se llevó ayer la mayoría de los ataques verbales de los manifestantes. “Gallardón dimisión” y “No a las tasas, Gallardón a casa”, fueron algunos de los gritos más escuchados. “Ha conseguido unirnos a todos”, señaló un abogado que se había sumado a las protestas de los jueces. “Tenemos un modelo judicial del siglo XIX. Si los jueces perdemos la independencia y no tenemos recursos, no podremos investigar la corrupción”, dijo Ana María Álvarez de Yraola, una de las magistradas que acudió a la manifestación de Plaza de Castilla.

El ambiente en los juzgados de Madrid a primera hora de la mañana era similar al de todos los días. Muchos ciudadanos no se habían enterado de que los jueces estaban de huelga y tuvieron que regresar a sus hogares con una nueva cita para dentro de una semana. Según los convocantes, la huelga provocó que se suspendieran unos 10.000 juicios y señalamientos en toda España.

En el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional el seguimiento de la huelga fue menor. En el alto tribunal, solo uno de los 79 magistrados, de la Sala de lo Civil, decidió seguir la huelga. En la Audiencia Nacional, fueron 5 de 78. Se trata de los datos que ha ofrecido en Consejo General del Poder Judicial; es decir, de los que han comunicado que se han sumado al paro.

La respuesta del ministro Gallardón al envite fue agradecer “a la mayoría de los jueces” que acudieran a trabajar mientras opinaba que los titulares de un poder del Estado no deben utilizar “instrumentos” como la huelga. La falta de concreción legal sobre la posibilidad de los jueces de convocar y adherirse a una huelga provocó, por otro lado, que ni el Gobierno ni el Consejo General del Poder Judicial fijaran servicios mínimos. Nadie se hará cargo tampoco de descontar de la nómina el día no trabajado.

No hay una única razón para la protesta. Prácticamente cada una de las decisiones adoptadas por el ministro de Justicia desde que tomó posesión del cargo ha ido aumentando el descontento entre los jueces y fiscales. Por un lado, los que participaron en la huelga manifestaban su queja por el proyecto de reforma del CGPJ que resta poderes a las asociaciones judiciales y modifica su composición y forma de elección. Por otro, protestaban por la práctica eliminación de los jueces interinos —lo que incrementará notablemente su carga de trabajo— y lamentaban la baja inversión en Justicia del Gobierno. Además, rechazaban las cuantías de las nuevas tasas judiciales.

Los convocantes pedían también una regulación del indulto que controle esta figura y no permita que el Ejecutivo se convierta en una última instancia que modifica decisiones judiciales sin motivar ni argumentar el porqué.