La prometida reforma exprés para acotar los aforamientos está parada

En plena refriega de casos polémicos que afectaban a su Ejecutivo, Pedro Sánchez avanzó una promesa de la que apenas se han dado pasos en los 50 días transcurridos para llevarla adelante. Solo se han encargado dos estudios que demorarán su solución. Y los partidos de la oposición denuncian que es otra "promesa publicitaria muerta".

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Esto implica que la popular María Dolores de Cospedal, como no ha querido renunciar a su escaño y mantiene su acta de diputada en el Congreso, seguirá estando aforada y solo podría ser investigada si lo autoriza la Cámara por el Tribunal Supremo.

El presidente, Pedro Sánchez, aseguró aquella mañana de septiembre que iba a plantear una reforma exprés de la Constitución en dos meses para "eliminar" el aforamiento de los políticos. Luego, a lo largo de aquel mismo día, La Moncloa tuvo que precisar que dónde el presidente había dicho eliminar quería decir acotar, porque los aforamientos se tendrían que mantener para los delitos cometidos por los aforados "en el ejercicio estricto de su cargo" y se retiraría para los demás casos. La mayoría de los escándalos de los últimos años han sido por delitos cometidos por políticos corruptos en el ejercicio de sus cargos.

El debate sobre los aforamientos —hay 250.000 personas que gozan de ese privilegio en España, un récord europeo, aunque en realidad 232.000 no son políticos, sino guardias civiles y policías nacionales y autonómicos— viene de lejos. Se trata de una protección que hace que diputados, senadores y miembros del Gobierno (unos 600 cargos) solo puedan ser investigados y juzgados por el Tribunal Supremo ante cualquier presunto delito cometido. En el caso de los diputados y gobernantes autonómicos, el aforamiento les lleva a los tribunales superiores de esa comunidad, compuestos en su mayoría por jueces que llegaron ahí a propuesta de órganos con fuerte influencia política: por eso existe el recelo de que estos tribunales sean, con excepciones, más suaves que otros con los posibles delitos de los políticos.

El Gobierno de Sánchez pareció encarar esta reforma con cierto ímpetu y de hecho llevó el anteproyecto de ley el viernes siguiente al Consejo de Ministros. Luego se encargó un trabajo específico para valorar el alcance de esa medida al Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del Ejecutivo, y del que nunca más se supo. Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, también encomendó otro trabajo similar para "racionalizar" ese privilegio a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, según reveló ella misma en una respuesta a una interpelación de Ciudadanos, que reclamaba la supresión de todos los aforamientos. De ese trabajo tampoco se sabe nada.

El Gobierno lo que sí avanzó entonces es que descartaba eliminar por completo los aforamientos porque creía que, tanto los miembros del Ejecutivo como los diputados, senadores, jueces y fiscales, que también se podrían ver afectados por la reforma, tenían que mantener alguna protección para frenar la oleada de querellas a las que, si no existiese, tendrían que someterse por sus decisiones.

Si Pedro Sánchez hizo aquella promesa un lunes, el martes de aquella misma semana estaba previsto el debate y finalmente la aprobación de una proposición no de ley de Ciudadanos para promover esa reforma constitucional y lograr suprimir todos los aforamientos en tres meses y, al mismo tiempo, para instar a los Parlamentos autónomos a cambiar sus estatutos para hacer lo mismo en sus ámbitos. La moción salió adelante con los votos de Ciudadanos, PSOE y PP, con un total de 253 votos a favor y frente a 87 abstenciones, aunque los partidos expresaron diferentes matices en aquel debate.

Esta reforma de la Constitución necesitaría una mayoría de tres quintas partes del Congreso y del Senado, lo que supone una mayoría cualificada que se lograría con los escaños del PP, PSOE y Ciudadanos.

Fuentes socialistas admiten que, desde entonces, no se ha avanzado nada sobre aquella propuesta. Lo justifican en que se está a la espera de los informes técnicos encargados. Otras fuentes del PSOE admiten que una reforma tan relevante y simbólica de la Constitución no es fácil ni sencillo ejecutarla en 60 días, como entonces dijo Sánchez. Sobre todo, cuando entre los propios impulsores hay diferencias de alcance notables. En el PSOE valoran, eso sí, que algunos Parlamentos autónomos —señalan en concreto a Canarias, Murcia y Cantabria— hayan decidido ir en este caso por delante de las Cortes nacionales y estén ya discutiendo esas reformas para quitar esos derechos a sus diputados regionales.

Desde Ciudadanos, que fue el partido que más apostó por la retirada de los aforamientos, se ha lamentado que aquella promesa de Sánchez esté ahora bloqueada. "Aquella promesa está tan muerta como muchos otros titulares pensados solo para los medios del presidente Sánchez", se queja José Manuel Villegas, secretario general de la formación naranja.