El Supremo suspende el pase forzoso a la reserva de un vicealmirante

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la aplicación del real decreto 1095/2018 por el que el Consejo de Ministros acordó el pasado 31 de agosto el pase forzoso a la reserva del vicealmirante Alfonso Carlos Gómez Fernández de Córdoba. Se trata de una medida sin precedentes ya que por primera vez la justicia cuestiona la discrecionalidad del Gobierno para mandar a su casa a oficiales generales. Además, plantea una situación muy delicada para la Armada, que debe reincorporar al servicio activo a un vicealmitante sin disponer de vacante.

La Sección 4º de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha aceptado suspender cautelarmente el pase a la reserva (equivalente a una jubilación anticipada), tal como pedía el militar, mientras resuelve sobre el fondo del asunto. En su auto argumenta que el Abogado del Estado, que representa al Ministerio de Defensa, no ha aportado “ninguna indicación" de los perjuicios que pudieran derivarse de mantener al vicealmirante en activo. En cambio, a la sala le resulta “evidente”,que algunos de los “efectos jurídicos” del pase a la reserva (imposibilidad de ascender, limitación de destinos, merma retributiva) quedarían consolidados y se harían irreversibles con el paso del tiempo.

El vicealmirante fue cesado el pasado 3 de agosto como subdirector general de Reclutamiento y Orientación Laboral del Ministerio de Defensa, cargo que ocupaba desde 2017, en plena polémica por la repetición de las oposiciones a sicólogo militar. La reclamación de dos aspirantes mujeres, a las que se había excluido de la oposición por llevar tatuajes que se permitían a los varones, llevó a Defensa a ordenar la readmisión de las excluidas y la repetición parcial de las pruebas.

Aunque Defensa no ha explicado la causa del cese, fuentes militares señalan que el vicealmirante discrepaba de la decisión de los responsables políticos del Ministerio y que perdió la confianza de estos por la forma en que gestionó el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordenaba paralizar la repetición de las oposiciones ante el recurso presentado por algunos candidatos que ya las habían superado.

De regreso a la Armada, se le buscó un destino acorde con su rango, pero todos los puestos disponibles eran de mayor relevancia que el que había ocupado hasta entonces, por lo que Defensa los rechazó por temor a dar la impresión de que se le "premiaba" militarmente tras haber sido destituido políticamente. Desde la Armada se adujo que no existía ningún puesto "irrelevante" para un oficial de esa categoría (sólo hay 12 vicealmirantes en servicio activo) y más aún cuando le faltaban cuatro años para pasar a la reserva por edad.

Finalmente, la titular de Defensa, Margarita Robles, propuso al Consejo de Ministros del 31 de agosto el pase anticipado a la reserva de Gómez Fernández de Córdoba. Se trata de una medida drástica, cuyos más recientes precedentes se remontan a hace 12 años, cuando el Gobierno pasó a la reserva al capitán general de Sevilla, José María Mena, quien lanzó una arenga contra el Estatuto de Cataluña, y al teniente general José Antonio Beltrán, responsable militar de la caótica repatriación de los cadáveres del Yak-42.

El auto del Supremo, que ha impuesto a Defensa el pago de las costas del proceso, valoradas en 1.000 euros, alude a la falta de motivación de la decisión del Gobierno y critica que este se limite a remitirse al artículo 113.2 de la Ley de Carrera Militar de 2007, que le faculta para pasar a la reserva a los oficiales generales. La cuestión de fondo es precisamente esa: si el Gobierno puede mandar a su casa a los militares que ocupan los puestos más altos de las Fuerzas Armadas sin dar ninguna explicación, de la misma forma que puede ascenderlos y nombrarlos.

Se da la circunstancia de que entre 2004 y 2016, antes de ser diputada socialista, Margarita Robles fue magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.