El Defensor del Pueblo condena la devolución ‘exprés’ de migrantes

El Defensor del Pueblo ha sido contundente con sus conclusiones tras una visita a Ceuta para investigar las condiciones en las que se produjo, este verano, la devolución exprés de 116 subsaharianos que saltaron la valla que separa la ciudad autónoma de Marruecos. Según la comunicación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la institución “ha podido constatar que, en la práctica, la asistencia letrada en las devoluciones de Ceuta se ha convertido en un trámite meramente formal a la vista de la práctica de no ejecutarlas”.

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El informe recoge ciertas debilidades en el proceso, que ya denunciaron los 12 abogados de oficio que atendieron a los migrantes. “No consta que las personas devueltas fueran informadas o tuvieran conocimiento de que su devolución se iba a producir a Marruecos”, cita, “los extranjeros creen que, tras un periodo de tiempo, serán trasladados a la Península dentro de los programas de acogida humanitaria”. Eso explicaría, en creencia de los abogados, que ninguno de ellos se acogiese a su derecho a solicitar protección internacional. Todos ellos presentaron recurso de alzada contra el expediente de expulsión, lo que resultó inútil pese a que la ley da un plazo de un mes. Los afectados no pudieron declarar en el Juzgado y fueron devueltos. El trámite se despachó en una noche, cuando lo habitual es hacerlo de forma escalonada a lo largo de la semana y en horario de oficina.

El pasado agosto, el Gobierno desempolvó un acuerdo bilateral firmado con Marruecos en 1992 para devolver al país vecino a 116 migrantes subsaharianos que entraron en Ceuta en un salto masivo en el que resultaron heridos siete guardias civiles a quienes se les lanzó cal viva. Era la primera vez que el convenio Corcuera (suscrito por el entonces ministro de Interior, José Luis Corcuera, y su homólogo marroquí, Dris Basri) amparaba la expulsión, en menos de 24 horas, de migrantes que habían accedido a España por tierra. Sí se ha utilizado de forma habitual desde 2014 para readmitir a quienes llegan en patera a las islas y peñones de soberanía española en la costa marroquí.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó la medida “extraordinaria” como respuesta a la violencia empleada en el salto. “Tanto España como Marruecos hemos querido trasladar un mensaje a las mafias que trafican con personas, el mensaje es que la entrada segura y legal es posible, pero no la migración violenta”, declaró durante una comparecencia en el Congreso. Varias ONG elevaron una denuncia al Defensor del Pueblo para que investigara si se habían vulnerado los derechos de los migrantes durante el procedimiento de expulsión, después de haberse recibido quejas por parte de los abogados. Tanto CEAR como Amnistía Internacional han denunciado también la devolución de los migrantes a un país “que no es seguro” y que tiene “una política violatoria de los derechos humanos de migrantes y refugiados”, según comentaba a EL PAÍS Esteban Beltrán, director en España de la organización.

En Marruecos, los readmitidos fueron primero encarcelados en la prisión de Tetuán. Entre ellos se encontraba un menor, según activistas que siguieron el caso en el país vecino. Al menos 17 fueron juzgados por encontrarse en situación irregular y por el uso de medios violentos contra las fuerzas del orden. Otros 90 fueron enviados en bus a las localidades lejanas de Tiznit y Agadir, al sur del país, una práctica habitual y que viola los términos del acuerdo bilateral.

“En el caso de Ceuta hubo un interés de ambos: no queremos saltos de este tipo, muy numerosos y violentos”, apunta Josep Buades, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes, “¿pero qué razones hay para utilizarlo en otros casos?”. Este lunes, 55 subsaharianos fueron devueltos a Nador desde Melilla en aplicación del acuerdo. 140, de los 209 que lograron entrar en la ciudad a través de la valla, habían manifestado su intención de solicitar asilo, a diferencia del caso de Ceuta.