Detenido el ladrón de coches ‘más diplomático’

No hablaba español ni intentaba aprenderlo. Estaba de paso en Madrid. Tampoco buscó un hospedaje caro. Se alojaba en un piso patera del popular barrio de Canillas. Y ello pese a que cada semana se embolsaba aproximadamente 4.000 euros con el robo a la carta de coches de lujo. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron la pasada semana en Madrid en la bautizada como Operación Diplo a P. M., un ciudadano búlgaro de 35 años que se había desplazado a España a finales del verano para sustraer vehículos todoterreno por encargo. Para moverse por la capital con impunidad, utilizaba un coche con matrícula falsa correspondiente a la Embajada de Polonia en España. En el mismo transportaba la tecnología de última generación que le permitía burlar los sistemas de seguridad de los vehículos que robaba en tan solo 20 segundos.

El delincuente —al que la Guardia Civil define como un "lobo solitario" al trabajar siempre solo, algo muy poco habitual en este tipo de delitos— fue detectado de modo casual. Agentes del Grupo de Delincuencia Organizada del Automóvil de la UCO habían acudido a un domicilio de la capital a entregar una citación judicial cuando observaron un vehículo que llevaba matrículas diplomáticas que parecían falsas. Su color no era del característico rojo intenso, sino mucho más claro, y el soporte no eran los reglamentarios metacrilato o aluminio.

Gestiones posteriores les permitieron comprobar que la numeración que figuraba en la matrícula sospechosa correspondía a la Embajada de Polonia en Madrid, cuyos responsables aseguraban que el automóvil que la portaba no se encontraba desde el verano en España. A partir de ese momento, los agentes pusieron bajo vigilancia a P. M.

Las pesquisas permitieron detectar que el sospechoso residía en un piso patera el madrileño barrio de Canillas donde la Guardia Civil ya había detenido con anterioridad a otros delincuentes del países del Este dedicados precisamente al robo de coches. También, que el presunto delincuente había viajado desde su Bulgaria natal —donde vivía con su mujer e hija— a finales de agosto siguiendo, presuntamente, instrucciones del cabecilla de una banda especializada en sustraer vehículos por encargo para otros grupos delictivos. Por cada uno que robaba, P. M. recibía 2.000 euros, según apuntan fuentes cercanas a la investigación. Habitualmente sustraía dos cada semana.

Así robaba

En Madrid, el ahora detenido utilizaba el coche con falsas matrículas de la embajada de Polonia —en el registro de su casa se encontraron otras de las legaciones de Jordania y Rumania— para desplazarse por la ciudad y localizar los vehículos todoterrenos del modelo que le reclamaban. Una vez situado, aparcaba su automóvil alejado del lugar y se desplazaba a pie o en transporte público hasta donde estaba su objetivo. Una vez allí, tras abrir la puerta mediante el uso de la fuerza, utilizaba un ingenio informático valorado en varios miles de euros para acceder al sistema de seguridad del vehículo e inutilizarlo. Inmediatamente después se llevaba el coche.

En un primer momento, lo aparcaba en otro lugar de la capital durante una semana para asegurarse de que el coche sustraído no contaba con ningún dispositivo de geolocalización que permitiera a su dueño o a la policía llegar hasta él. Luego, procedía a entregarlo con las modificaciones que le pedían. Algunas bandas se lo encargaban lo que en la jerga delictiva se conoce como "en crudo". Es decir, sin ningún tipo de cambios. En otros, procedía a ponerle matrículas dobladas —coincidentes con las de otro automóvil del mismo modelo—, cambiaba el número de bastidor y le dotaba de papeles de circulación falsos del país de destino.

Cuando fue arrestado, se le intervino un coche listo para ser enviado a Suecia y otro recién sustraído. También, el material utilizado para sus robos así como otras placas falsas de matrícula, llaves vírgenes de coche (listas para ser programadas) y dispositivos electrónicos de arranque, así como útiles para manipular los números de bastidor. P. M. no tiene antecedentes en España, pero las autoridades búlgaras lo reclaman para juzgarle por delitos similares, penados en este país con hasta seis años de cárcel.