La ministra Delgado insiste en que la fiscalía tiene “plena autonomía” para actuar en la causa contra el ‘procés’
La titular de Justicia acusa al PP de obstaculizar la derogación de la norma que limita los plazos de instrucción
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha insistido este lunes en que el Gobierno no dará instrucciones a la fiscalía sobre su actuación en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes. “La Fiscalía General del Estado tiene plena autonomía y los jueces y fiscales tienen total independencia del Ejecutivo. Esto forma parte del Estado de derecho”, ha señalado la ministra, que ha participado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.
La ministra ha hecho estas afirmaciones cuando faltan pocos días para que el Supremo dicte el auto por el que, previsiblemente, abrirá juicio oral por rebelión, malversación y desobediencia contra 18 líderes independentistas (nueve de ellos en prisión) y abra el plazo para que las acusaciones, incluida la fiscalía, presenten su escrito de acusación provisional. Delgado no ha querido hacer valoraciones sobre las informaciones que se han sucedido en las últimas semanas en el sentido de que el ministerio público mantendrá la acusación por rebelión para los principales encausados. “Cualquier especulación daña a los procesados, que tienen derecho a conocer esa información antes que cualquier otra persona, y a la ciudadanía. Las normas procesales deben cumplirse por razones de seguridad jurídica”, ha afirmado. Delgado tampoco ha querido avanzar qué postura tomará la Abogacía del Estado, que está personada como acusación en la causa. “Se están estudiando los criterios jurídicos. Cuando se nos dé traslado lo explicaremos”, ha afirmado la ministra.
La titular de Justicia ha rechazado cualquier posibilidad de que el Gobierno pueda influir en fiscales y jueces a favor de los políticos procesados a cambio de que los partidos independentistas apoyen los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como han pedido el PDeCAT y ERC. “Estos Presupuestos son magníficos, que cada uno sepa lo que apoya”, ha zanjado Delgado, que ha insistido en que la relación entre el Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado es “transparente” y está regulada en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
A estas informaciones y presiones sobre el escrito de acusación de la fiscalía se ha referido también la fiscal general del Estado, María José Segarra, antes de inicio de la intervención de la ministra, a la que ha acudido como invitada. Segarra ha pedido que se deje trabajar al ministerio público "con tranquilidad" y no se entre en “conjeturas” sobre cómo será el escrito de acusación contra los dirigentes independentistas encausados.
Al margen del conflicto catalán, la ministra se ha referido durante su intervención a otros asuntos a los que su ministerio quiere dar prioridad. Uno de ellos es la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece plazos de caducidad para la instrucción. Delgado ha acusado al PP de obstaculizar esta iniciativa, que ya está planteada por el Gobierno en el Congreso para eliminar este apartado de la ley y establecer mediante una disposición transitoria única que la reforma se aplique a los procedimientos que se hallen en investigación a la entrada cuando entre en vigor la nueva norma. Pero los populares, ha lamentado Delgado, han pedido 47 ampliaciones de plazos para enmiendas. “No se puede derogar mientras se sigan dando ampliaciones de plazos”, ha afirmado. “Necesitamos voluntad política. Un pacto de Estado. Porque el artículo 324 abre espacios de impunidad, con una carga añadida para el ministerio fiscal, que se ve constreñido por esos plazos y no se puede sacar adelante las investigaciones”.
La ministra no se ha referido durante su intervención a los audios grabados por el excomisario José Manuel Villarejo durante una comida hace nueve años a la que asistió Delgado, que entonces era fiscal de la Audiencia Nacional. La titular de Justicia, que en las últimas semanas ha comparecido dos veces en el Congreso para hablar de este asunto, se ha limitado a afirmar que ya ha “pasado página” de este caso.
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