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El fiscal no cree que Puigdemont buscara manipular con la traducción de su demanda contra Llarena

El ministerio público rechaza una querella contra el 'expresident' por el escrito en el que acusaba al juez ante un tribunal belga

J. J. Gálvez
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, este miércoles en Holanda.
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, este miércoles en Holanda.EFE

La fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la admisión de la querella de Vox contra Carles Puigdemont por el "error" de traducción que recogía la demanda tramitada en Bélgica contra Pablo Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa del procés. A través de un escrito difundido este jueves, el responsable del ministerio público, Miguel Ángel Carballo, considera que la jurisdicción española "no es competente para conocer los hechos" y que "no concurren los elementos de los delitos indicados". Entre otros, el de falsedad documental por incluir, en el escrito de acusación, una traducción al francés que distorsionaba unas declaraciones públicas de Llarena. El fiscal considera que se trató solo de una equivocación.

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La versión recogida en la demanda que Puigdemont tramitó en Bélgica daba a entender que las palabras del magistrado del Supremo cuestionaban la presunción de inocencia del líder independentista. Su abogado aseguró que había sido una equivocación y que lo iban a corregir. "Es público y notorio que la deficiencia de la traducción fue rectificada incluso antes de que se citase a Llarena. Lo cual, denota más error que intención, sin que además haya tenido efecto procesal alguno", apunta Carballo en su escrito.

Vox afirma en este proceso —que se dirige también contra Gonzalo Boye, abogado del expresidente, la traductora y los exconsejeros Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig— que se presentó una traducción jurada falseada "a sabiendas". En esta se recogían unas declaraciones públicas de Llarena en las que negaba que en España haya presos políticos y, aludiendo a los posibles delitos cometidos por los dirigentes independentistas, remachaba: "Si es que esto ha sido así...". Pero en la traducción al francés se reemplazó el condicional por un sí afirmativo (et oui c'est ce qui s'est produit) y el sentido de las palabras queda totalmente distorsionado para decir: "sí, así se ha producido" (los presuntos delitos).

El fiscal de la Audiencia Nacional descarta, sin embargo, que existiese mala fe. "Resultaría ciertamente increíble la actuación dolosa de una demanda dotada de publicidad internacional por los propios demandantes", apunta el ministerio público, que descarta que Puigdemont y su equipo tuviesen la intención de "presentar una traducción falsa que confundiese al tribunal belga".

"En absoluto" hay estafa procesal

Por todo ello, la fiscalía considera "inaplicables" los artículos del Código Penal a los que apela la formación de extrema derecha. Pero descarta también la existencia de un delito de estafa procesal. "En absoluto" existe dolo —una voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud—, apostilla el ministerio público.

Vox presentó esta querella después de que un traductor detectara el error y lo difundiera por las redes sociales. La defensa del expresident explicó entonces que el texto se había redactado en español y, posteriormente, se encargó la versión en francés para trasladarlo al juzgado de Bélgica donde se tramitó la demanda contra Llarena. En ese proceso sucedió el "error".

Oposición a las actuaciones contra la juez belga

El escrito de la fiscalía también solicita al juzgado de la Audiencia Nacional que desestime la querella presentada por Vox y la asociación de juristas Movimiento 24DOS contra Anne Dessy, la juez belga que admitió a trámite la demanda de Carles Puigdemont contra Pablo Llarena. Ambos colectivos atribuyen a la magistrada delitos de rebelión o sedición, usurpación de funciones, contra la paz y la independencia de España. Pero Carballo los descarta. Sobre la rebelión, por ejemplo, el ministerio público recuerda que "no concurren las acciones de alzamiento violento y público" requeridas en el Código Penal. Y "lo mismo cabe decir del delito de sedición", añade el fiscal en su contundente escrito, donde deniega todas las peticiones de Vox y Movimiento 24DOS.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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